Menorca lleva toda su historia turística echando las redes en el caladero del turismo familiar, pero la falta de infraestructuras le ha hecho perder atractivo respecto a destinos competidores. Aburrirse es, posiblemente, lo peor que le puede pasar a un niño durante sus vacaciones y no es por desmerecer el espléndido entorno natural de la Isla, pero a ojos de los más pequeños donde se ponga un parque acuático que se quite lo demás.
En Sant Lluís es noticia estos días la tramitación de uno de estos complejos, el primero que se construiría en la zona de Llevant. Un edén infantil con un tobogán gigante, dos kamikaze y hasta un río aventura. Un proyecto que si se construye de forma respetuosa con el medio puede favorecer tanto al sector turístico como a sus clientes.
El problema es que, con las normas territoriales actuales, el parque acuático no puede construirse donde pretenden sus promotores. Se trata de suelo rústico y, como tal, aunque sólo albergue matorrales, está blindado ante cualquier proyecto.
En vez de cambiar las reglas de juego, como el PP nos prometió durante la campaña electoral, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Lluís han optado por un atajo para autorizarlo: la declaración de interés general. Un mecanismo excepcional que, como su nombre indica, no se pensó precisamente para levantar toboganes en el campo sino para infraestructuras de uso público.
A la vista del retraso que acumula la norma territorial transitoria y no digamos el nuevo Plan Territorial nuestros gobernantes se están abonando a una fórmula que, lejos de fomentar la tan ansiada seguridad jurídica, abona las tesis del urbanismo a la carta. Un parque acuático puede ser bueno para Sant Lluís, seguro, pero aún lo es más que las leyes se cambien antes de verse obligados a torearlas.
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