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Los jueces han ordenado al ayuntamiento de Es Migjorn Gran que indemnice con 1.100 euros a la bibliotecaria municipal. La funcionaria, además, disfrutará de libranza durante diez viernes consecutivos.

El Juzgado de lo Social de Ciutadella cerró el lunes la controversia que enfrentaba al municipio migjorner con su bibliotecaria. No fue preciso celebrar juicio oral, porque prosperó el acto de conciliación.

El alcalde Pere Moll Triay y la primera teniente de alcalde, Elena Baquero, admitieron su responsabilidad, pero no aceptaron incrementar la indemnización porque las arcas municipales carecen de recursos.

La funcionaria había recibido numerosas llamadas telefónicas en su domicilio particular, incluso en Nochebuena, para ser conminada a ir trabajar en sábados y festivos. UGT, representada por el abogado Pablo Alonso de Caso Lozano, propuso rebajar a la mitad la compensación a pagar por el Ayuntamiento si la cantidad era asumida personalmente por el alcalde y la primera teniente de alcalde.

Tanto el primero, que goza de dedicación exclusiva por su cargo, como la concejal de Cultura de Es Migjorn, rechazaron de plano este hábil ofrecimiento, que habría evitado el pago a la hacienda municipal. La Federación de Servicios Públicos de UGT apoyó esta iniciativa «porque los ciudadanos de Es Migjorn no tienen que pagar los errores de los políticos». El municipio más pequeño de Menorca fue representado en este procedimiento por el letrado Fernando Caballero Visser, que comparte despacho en Maó con Antonio Mercadal Arguimbau, marido de Elena Baquero.

Pablo Alonso de Caso, que recientemente ha asumido la defensa de una de las demandas interpuestas contra el Govern balear por el decreto TIL, ha dado una lección de ejemplaridad.