Las decisiones de los políticos están sometidas al imperio de la Ley, o sea, a los informes que redactan los funcionarios. Así, los dictámenes jurídicos y técnicos avalan la legalidad de los acuerdos. Dura lex, sed lex. Es cierto, pero también cabe reclamar a quien debe velar por el cumplimiento de normas, reglamentos y textos legales un mínimo sentido común y una lógica para que la Administración actúe a favor de los ciudadanos.
El equipo de gobierno municipal de Maó ha visto frenada, por un informe que ha redactado el interventor Manuel Velarte, una iniciativa consistente en dedicar el superávit a liquidar la deuda contraída por el Ayuntamiento mahonés con sus proveedores.
La estricta y restrictiva interpretación del funcionario impide llevar a cabo esta propuesta al entender que se ha retrasado la modificación legislación que permitirá destinar una parte del superávit de las corporaciones locales a pagar las deudas a empresas y particulares en lugar de dirigirla íntegramente a reducir el endeudamiento financiero.
Ante la negativa de Intervención de Maó a informar favorablemente lo que han realizado otras instituciones, los proveedores deberán esperar cuatro meses para cobrar. Era aconsejable otra interpretación de la norma.
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