Como todo el mundo sabe o debería saber, porque de nuevo hay derechos en juego, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la llamada Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, calificada en los círculos de poder como Ley Fernández y en colectivos sociales como Ley mordaza, mucho más acorde esta última, por cierto, por el aura dictatorial de una nueva ley a medida que el Gobierno se quiere sacar de la manga a golpe de una mayoría absoluta ya irreal. Y es que tratan ahora de criminalizar las protestas en las calles y de usar el castigo económico (llegando incluso al embargo) saltándose el papel de los jueces y los juicios que ya incluían muchas de las infracciones en el apartado de faltas del Código Penal, como arma homicida de otra nueva tanda de derechos fundamentales como lo es el derecho a la reunión y manifestación pacífica y sin armas en esa Constitución que tanto dicen respetar. ¿De verdad era necesaria esta ley? La respuesta es un no rotundo, y no sólo coinciden en el monosílabo los citados colectivos, también están en ese no asombrado catedráticos, asociaciones de jueces, fiscales y policías. Coinciden además las encuestas: entre las preocupaciones de los españoles del barómetro del CIS de octubre, la inseguridad está muy lejos del desempleo, la corrupción y el fraude, los políticos y los problemas económicos, la educación y la sanidad. ¿Y qué es una ley cuando no es necesaria? Ideología pura y dura. Y en este caso, además, miedo y clara herramienta de control.
El Ministerio del Interior ha modificado en la última versión del anteproyecto algunas de las sanciones por infracciones que tachaba en el borrador inicial de «muy graves» para fingir así, reculando, ser un Ejecutivo tan flexible como lo es el látigo. La casta política y económica quiere imponer de nuevo su ley a base de infundir miedo a la población, una receta infalible en la historia y sin embargo, lo que delatan estas medidas con multas de hasta 600.000 euros, creadas en nombre de la seguridad de los ciudadanos, es el miedo de la casta misma. Parece ser que el destape de la verdadera cara de esta casta/mafia -justicia desigual y monarquía podrida y rancia; propinas millonarias al Partido Popular y sobresueldos que luego se han visto compensados con leyes favorables a los sectores bancarios y entidades empresariales que pagaban bajo cuerda; y en definitiva corrupción, desde el ayuntamiento más insignificante hasta la mayor escala- han molestado a los supuestos gestores.
2 parece ser también que las manifestaciones de protesta, indignación y enfado ciudadano que han venido estallando desde el 15-M e incluso antes, con un clamor colectivo que encuentra su mejor sala de reuniones en internet, están incomodando la vida lujosa y lujuriosa de los despachos, los sobres y las decisiones unilaterales de gobernar a un pueblo que cada cuatro años susurra algo y que luego se calla a cambio de confiar en un falso proyecto: la traición, después del voto, parece estar consentida (no hay todavía decreto ley para evitarlo) y el presunto ganador puede destruir los derechos fundamentales de ese pueblo a costa de mantener privilegios de la casta. Pero tranquilos todos, la manipulación no tiene fin: ahora el Gobierno, por ejemplo, se va a gastar 2,5 millones de euros para publicitar su reforma laboral en los medios (y de paso comprarlos un poco, a ver si se sanean y calman las aguas del río que ha desbordado el despilfarro/robo de la Ràdio Televisió Valenciana y eso sin olvidar que decenas de miles de periodistas han perdido su trabajo en los últimos años). Veremos quién gana el concurso, sigamos la pista a la empresa que consigue el presupuesto para llevar a cabo la campaña. Sigamos la pista a todo, también a esto: «El Gobierno aprueba el real decreto ley que permite a la banca española contabilizar como capital principal dentro de sus balances 30.000 millones de euros en créditos fiscales». Otra ley a favor de la casta. Y que nadie proteste, a no ser, claro, que se consiga frenar esa Ley mordaza que quiere multar a los manifestantes (30.000 euros pueden caer, por ejemplo, por ofender a España). Hay movilizaciones en internet a través de Avaaz y otros portales para recoger firmas en su contra y, tal vez así, detener esa vuelta a un pasado peor. Y yo me pregunto, ¿dónde está Europa en estos intentos dictatoriales y en contra de la libertad de expresión? Qué raro, con lo pendientes que están de nuestra salud financiera, ¿es que acaso esta quiebra de derechos y libertades no preocupa en la Unión Europea?
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