Ya es un hecho: en Menorca comienza a ser imposible encontrar una casa de alquiler (razonable) para todo el año. Se alquilan hasta las bicicletas/almas particulares en los meses de verano y no me parece mal: comprendo que una isla entregada a las fauces del turismo de cantidad tenga que sobrevivir. Pero ¿qué ocurre con el derecho a una vivienda digna? ¿A qué tipo de isla/ciudad aspiramos? Hay opciones ilimitadas para alquilar/vivir de octubre a mayo (no, amigos propietarios, no hay tantos maestros de fuera para ese «ideal para profesores»): ¿qué hacemos el resto de meses el resto de mortales? ¿La opción que nos queda es hipotecarnos para, en verano, alquilar habitaciones para poder llegar a final de año/abismo?

La solución no puede venir de la voluntad de los particulares que intentan, en medio de tanta precariedad laboral, ingresar lo que pueden durante la (breve) temporada turística, que enriquece a turoperadores y otras máquinas de generar un dinero que va a parar, casi siempre, fuera de la Isla. ¿Qué hacen el Consell y los ayuntamientos al respecto? La persecución al pequeño arrendador no va a cambiar nada (sí para los hoteleros: saliva de lobby en cada noticia que apunta a Airbnb como el portal de los pecados). La clave no está, me parece, en la sanción y el espionaje en esta Isla que empieza a padecer los síntomas de la fiebre turística que ya sufren en la península y en las islas vecinas, con sus autocaravanas, sus casas ocupadas sin luz ni agua, sus balcones alquilados o sus tiendas de campaña de esas que se abren cuando las lanzas al aire (y que nadie sabe cómo cerrar después) como únicos techos para los trabajadores temporales; con las multinacionales ocupando los escaparates y con los ancianos como única/última huella autóctona en sus centros históricos. Empieza a respirarse también la fuga de funcionarios que ya se da en esos otros destinos: piden traslados porque no pueden permitirse el gasto desproporcionado en materia de vivienda y desaparecen, por tanto, del día a día para dejar paso a los visitantes (fugaces) en estas ciudades que o reinventamos entre todos o desaparecerán en una masa uniforme.

Creo que la solución ha de venir, sí, de la regulación de ese alquiler particular (es un negocio como otro cualquiera), pero también del lado de las ventajas: rebajas fiscales para los que optan por alquilar durante todo el año —también para los negocios que abren los doce meses: los que construyen ciudad—: han de salir las cuentas para que los propietarios decidan firmar contratos con sus vecinos. Y no se trata solo de beneficios en materia de impuestos, sino que los ayuntamientos tendrían que establecer, además, un servicio de defensa jurídica, un seguro que blinde contra impagos y/o daños materiales y que, a su vez, ofrezca viviendas sociales para los inquilinos en caso de desahucio.

Yo no soy una experta en vivienda —son solo ideas—, soy solo una de tantas que busca un lugar donde habitar en Menorca y que, en menos de una década, ya ha desfilado por varias experiencias de ese mundo de extraños contratos en los que figura que tienes que irte (¿dónde?) en agosto o en Sant Joan y que finalizan sin más (o que no constan) y de hijos imaginarios (futuros turistas). Una de tantas que solo escucha noes cuando se nombra la fórmula maldita: «todo el año». Pues sí, todo el año vive una en esta tierra, desarrolla aquí su profesión, disfruta de sus aficiones y lava cada día sus verduras aquí, en Maó, con su agua con nitratos (que también paga puntualmente en sus facturas); una de tantas que ahorra aquí como puede para poder volar de vez en cuando y que está convencida de que un día, sumando todos los pagos abusivos «para residentes» a Air Nostrum y su negocio de Obligación de Servicio Público, acabará teniendo uno de sus aviones en propiedad. En definitiva, una de tantas que sueña, consume, protesta y participa en esta comunidad (todo el año).

No podemos olvidar lo común: somos responsables de las derivas de nuestro escenario colectivo y, como explicaba la filósofa Marina Garcés en su apoyo al Sindicat de Llogaters que se presentaba en Barcelona la semana pasada para luchar contra el abuso inmobiliario provocado por la industria turística, «una ciudad es un conjunto de vidas atravesadas por problemas comunes». Uno de los problemas comunes hoy, en Menorca, es el de la vivienda y toca darle respuesta con sentido común —comunitario— y con empeño administrativo para que se priorice el uso residencial por encima de un mercado inmobiliario que se infla por encima del derecho a la vivienda. Las ciudades han de ser habitables primero para sus ciudadanos, solo así podrán serlo después para quienes las visiten y para ello hace falta saber/recordar qué es una ciudad, de qué está hecho su equilibrio y lo fácil que puede deshacerse entre algunas brumas.