La ocupación de viviendas vacías no es algo nuevo. Es difícil concretar su nacimiento pero en los años 70 y 80 del pasado siglo el movimiento 'squatter' tuvo un momento álgido en el Reino Unido como opción real, en respuesta a la existencia de personas sin hogar –un variopinto conjunto, desde jóvenes, artistas y marginados hasta familias-, y de edificios sin moradores. "Casas decentes para todos" o "Construid más viviendas y menos bloques de oficinas" eran algunos de los esloganes de la época. La dura crisis económica y el drama de los desahucios revivió esa movilización en España, la convirtió en cierto modo en algo justificado para muchos afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El problema vuelve a estar sobre la mesa. El Ibavi instará ante los juzgados el desahucio de 14 inquilinos (ninguno en Menorca por ahora) de sus pisos de alquiler social por impago reiterado; una minoría que se niega a negociar su deuda, frente a una mayoría que sí lo ha hecho. Algunos de esos inquilinos morosos son problemáticos con el resto y además, se ha detectado el realquiler y consumos excesivos de agua o luz. Mientras tanto, en Ciutadella, otro caso okupa es causa de desvelo municipal; en las casas de Bisbe Juano hay residentes con luz, llaves y algunos con prestación social también.
La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de la gente, aunque ahora, como casi todo en este país, quede sepultado por el nacionalismo catalán, que ha desterrado de los informativos todas las cuestiones sociales pendientes. El Govern y las fuerzas de izquierda que llegaron a los ayuntamientos, en parte con la promesa de resolver esa situación, se mueven ahora -con los alquileres del mercado libre por las nubes-, en la contradicción, entre el discurso de cuando se es oposición y la realidad. La ocupación no puede convertirse en algo normalizado que deje indefensos a los propietarios que no quieren alquilar o vender sus viviendas, ni tampoco ser la 'sopa boba' de unos mientras el resto paga IBI y demás tasas e impuestos.
