La justicia española es garantista hasta límites difícilmente comprensibles para muchos de los ciudadanos que se hacen cruces cuando comprueban el retraso de tantos y tantos procesos dilatados años y años en el tiempo.
A la lentitud derivada de la obsolescencia administrativa de buena parte de los juzgados repartidos por el territorio nacional, la falta de recursos humanos y materiales, o la aplicación fallida estos dos últimos años de la justicia digital, se suma la inacabable sucesión de recursos posibles a cualquier pronunciamiento que contempla el sistema judicial español en cualquiera de sus fases.
La consecuencia es la eternización de algunos procedimientos que acaban juzgándose hasta 6, 7 u 8 años después de que se cometieran los delitos. Se puede recurrir cualquier instancia antes y después de la vista.
El colmo positivo de las alternativas que puede manejar un buen abogado es la revisión de una sentencia de hace casi 5 años, por unos hechos cometidos en 2010. Agotados los recursos presentados ante los altos tribunales, incluso denegado el indulto parcial solicitado al gobierno -última instancia a la que dirigirse- la abogada penalista de Lluís Vallés Galcerán, el autor del atropello mortal a dos ciclistas en Alaior, tenía reservada una última carta.
Mireia Balaguer ha paralizado el ingreso en prisión, aún con el requerimiento extendido a su cliente para que lo hiciera voluntariamente, amparándose en un recurso para que se revise la sentencia aplicando los cambios legislativos de 2015 que podrían reducir la condena si se modifica la tipificación de los delitos ajustándola a esas modificaciones.
La letrada, es evidente, hace bien su trabajo agarrándose a ese último resquicio para evitar la entrada en la cárcel, sin que el condenado la haya pisado aún pese a la negación del indulto hace cerca de dos meses. Garantías, todas, pero son difícilmente explicables y mucho más complicado entenderlas. A este paso acabarán prescribiendo los delitos.
