La convulsión que ha generado la propagación del coronavirus en España ha amortiguado, en cierto modo, la resonancia de las noticias difundidas por medios extranjeros sobre las dos fundaciones no declaradas en nuestro país en las que aparece como beneficiario el rey emérito, y, sin su consentimiento, también el monarca vigente.
Juan Carlos Ihabría recibido comisiones multimillonarias de Arabia Saudí por la construcción del AVE, que no hacen sino deteriorar todavía más su imagen, después de la continua revelación de un tiempo a esta parte, de sus juegos de alcoba tan característicos de los borbones a través de la historia.
Que su propio hijo, el rey Felipe VI, le haya retirado la asignación anual próxima a los 200.000 euros, y renunciado a la herencia millonaria de su padre, por sus oscuros orígenes, apuntilla la imagen marchita de quien pilotó la transición española para llevar al país desde la dictadura a la democracia.
La persona queda en entredicho, aunque no pueda desligarse de la institución que representa, y el escándalo marcará su paso a la historia también por esta circunstancia. Lamentablemente el rey que encumbró a la corona ejerciendo un arbitrio político fundamental para proporcionar al país una estabilidad notable durante su reinado, parece no haber resistido a las tentaciones corruptas como lo hiciera su yerno, aunque en su caso, de confirmarse, la gravedad sea superlativa.
Llegados a este punto nadie debería oponerse a que Juan Carlos I sea sometido a una investigación obligada y que comparezca y pague como cualquier otro si se confirma su delito, lo mismo que al patriarca del clan Pujol, por ejemplo, cuyo caso parece silenciado.
La corona, por más que Felipe VIy la casa real se empeñen en lo contrario, y el coronavirus mantienen una cierta relación por ser, en ambos casos, tristes protagonistas de la actualidad que nos ocupa.
