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Hace una semana que el Consell acordó reclamar al Govern que le permita decidir medidas y restricciones sobre la pandemia en Menorca. Y la euforia del acuerdo político unánime ya se ha venido abajo con el jarro de agua fría lanzado por la presidenta, Francina Armengol, quien dejó claro ayer en Alaior que las competencias sanitarias son autonómicas y no va a «rehuirlas», o sea, delegarlas. Descentralizar es un verbo que se conjuga mejor cuando se habla de Madrid, pero es cierto también que la gestión debe ser rigurosa y basada en criterios sanitarios para que no se desmadre la pandemia. Bueno, tampoco el Consell decía lo contrario, es más, la propuesta surgió porque durante semanas esta isla acató unas restricciones que la sociedad creía que no se adaptaban a la mejoría de sus indicadores. Algo similar reclaman ahora en Eivissa.

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Y es que la pandemia ha hecho que medidas y realidad en la mayoría de las ocasiones se movieran a un ritmo descompasado, como una película mal doblada, en la que las bocas de los actores van por un lado y el audio, por otro. El tira y afloja de la covid-19 requiere reflejos, e imprimir una velocidad a la gestión impensable hasta ahora, de lo contrario siempre vamos con el pie cambiado, cuando la incidencia baja sigue sin permitirse generar economía y cuando al fin se aflojan medidas, ya ha empezado la curva de contagios a cambiar y a subir.

Las empresas y los ciudadanos se han tenido que acostumbrar a la fuerza a ser ágiles, a saltar sin red para cumplir innumerables condiciones y mantener así empleo y seguridad, por no hablar de los malabares contables de negocios y familias. Pero a la maquinaria administrativa le cuesta seguir la marcha de una realidad sanitaria que marca un paso endiablado. Parece que la máxima proximidad en la toma de decisiones, obviamente con el asesoramiento de expertos, habría sido algo positivo, pero eso no va a ocurrir.