Unas bases a medida y poco menos que negociadas de antemano para adjudicar los amarres del Moll de Ponent subyacen como causa de la operación presuntamente delictiva destapada hace un año por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil a instancias de un juzgado de Palma. De entrada, se llevó por delante al presidente y al director de Autoridad Portuaria y sentará en el banquillo a otros cuatro directivos de ese órgano y a seis empresarios locales.
Se libran algunas autoridades políticas de Menorca que, según el auto judicial, mediaron o presionaron hasta donde pudieron para que el negocio de los amarres quedara en casa, en empresas de aquí, que parece lo propio pero desde que somos competentes en derecho europeo no siempre es lo ajustado a derecho.
Al ritmo con el que navega la Justicia por la rada mahonesa es probable que la resolución del nuevo frente se demore una década. Ahora se ha levantado el secreto del sumario, después ha de instruirse la causa con declaraciones de investigados y testigos y algún día, posiblemente en la próxima década, habrá juicio y una resolución judicial.
El precedente de la operación Mar Blau, que investigó el proceso de adjudicación de los pantalanes del Moll de Llevant a Trapsayates y que puso de relieve una maraña de chanchullos, concluyó atribuyendo la principal responsabilidad a uno de los implicados que para entonces ya había fallecido. El resto, para los que el fiscal había pedido duras penas y, sobre todo elevadas multas, se fue de rositas. Los más inexpertos pagaron sufriendo durante esa insoportable dilación la angustia que provoca el mazo del juez.
O no se aprendió nada de aquel episodio, del que por cierto aún colea en el fondo del asunto sin que la concesión haya sido realmente revocada, o las expectativas de negocio en los amarres amortiza, a pesar de todo, los riesgos que se corren.
