Muy a principios de los años 80 tiraron abajo un chalé sin acabar en Binidalí. Lo habían levantado sin licencia en la ladera misma de la cala y fue el gobierno municipal, gobierno de UCD, siglas lejanas de tiempos pasados, el que dictó y ejecutó la orden, que nadie discutió. Alguien había actuado de forma ilegal a la vista de todo el mundo y apropiándose un poquito del patrimonio natural. La solución fue proporcionada al desafío a la legalidad.
Ahora es un consorcio público el que en nombre de la ley acosa hasta el derribo chamizos, casetas, gallineros, casitas, cuadras y chalés. No importa si es la única vivienda que tiene una familia, el consorcio no entiende de circunstancias, probablemente sí de parentesco, según los indicios que maneja la asociación de propietarios perseguidos.
Imagino que la casita de Es Plans de Alaior sobre la que se ha ordenado el derribo u otra de S’Ullastrar sobre la que hace unos meses pesaba el mismo veredicto, primera y única vivienda en ambos casos de sendas familias, causan un daño irreparable al suelo rústico. Tanto que, por lo visto, no hay alternativa.
Resulta paradójico que los mismos que empuñaban pancartas, convocaban manifestaciones antidesahucios y se inventaron el eslogan «que nadie quede atrás» son los mismos que dejan a familias en la calle. ¿No hay una alternativa sancionadora que permita regularizar por un tiempo determinado y de paso contribuir a la construcción de vivienda protegida? ¿La ruina económica y moral de algunas familias es la única solución? ¿Es proporcionado?
Es cierto que no hay casos iguales, alguien abusó de la desidia municipal para construir con agravio, es decir sin someterse a las reglas que rigen para todo vecino. No puede quedar impune. Pero seguro que hay suficientes matices para cumplir la ley sin cargarse tanto patrimonio.
