Esa justicia sobradamente garantista tan española, que también lo es en la Unión Europea, es la causa de la eternización de cualquier proceso que caiga en manos de un abogado espabilado hasta retrasar o evitar una sentencia final desfavorable.

Este es uno de los argumentos que ayudan a explicar lo que resulta inexplicable desde una lógica pura. Carles Puigdemont huyó de España oculto en el maletero de un coche tras la declaración efímera de la independencia de Catalunya, y tiempo después pese a su condición inequívoca de prófugo de la justicia, salió elegido parlamentario europeo como si nada.

Ese escaño del que disfruta en Bruselas, sumado a su segunda detención, esta vez en Italia, le ha permitido recuperar unos minutillos de protagonismo cuando la soledad le rodeaba en los bosques al sur de Bruselas donde reside. Cuanto menos, además de provocar el menoscabo del juez Llarena que no ceja en su empeño de traerlo a España para que sea juzgado, Puigdemont ha tenido motivos para ‘celebrar’ el cuarto año fuera de su país cuando su peso político y popular acentuaba su caída en picado. Lejanos quedaban ya aquellos desplazamientos masivos de simpatizantes a las puertas de su mansión de Waterloo para transmitirle su solidaridad, hoy desaparecidos.

El aislamiento del expresidente empecinado en el desafío al Estado, con sus bravatas dirigidas a la confrontación como única estrategia hacia la utópica independentista, solo hace que fortalecer el papel del actual morador de la Generalitat, Pere Aragonés. Con sus acólitos divididos porque pierden el paso y ni siquiera tuvieron silla en la última mesa de diálogo, están impulsando el papel de Esquerra Republicana que poco a poco consolida su posición. Proclama que el objetivo es el mismo pero ya se plantea horizontes a diez años vista, y eso es muchísimo tiempo.

Mientras, Puigdemont tendrá la justicia europea de su lado, sí, pero vive en otro país o mejor dicho, vive en otro mundo.