Andan los empresarios de la restauración de la Isla con la mosca tras la oreja a la vista del desarrollo de los acontecimientos derivados de la pandemia. Ellos y quizás también los no vacunados son los que se mantienen a la expectativa por las decisiones que puedan tomar las autoridades competentes, que de todas formas, deben ser refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Aunque aún no se haya recurrido a la definición afín para la sucesión de nuevos contagios, parece obvio que estamos en la sexta ola de esta auténtica pesadilla que nos ha coartado planes y libertades desde hace casi dos años.
El incremento del número de positivos en las últimas semanas, a las puertas de la Navidad, es un mal augurio para los locales de ocio, bares y restaurantes. Los datos de la hospitalización que dan la medida más aproximada del peligro al que puede llegar esta nueva ola todavía no son alarmantes. Con 8 ingresos en el ‘Mateu Orfila’ estamos todavía muy lejos de los 34 que llegaron a registrarse el pasado julio cuando la presión hospitalaria fue más acuciante.
Saben los responsables de los establecimientos que vuelven a estar en el punto de mira del Ejecutivo balear si opta por convertirles en paganos de la situación y ordena cierres a horarios tempranos, o aumenta límites de aforo en un mes clave para su cuenta de resultados. La otra opción es impedir la entrada a los no vacunados, como la mayoría de los mismos empresarios defienden.
Médicos en general, epidemiólogos y la clase política insisten en la inoculación del fármaco de quienes aún mantienen la decisión de no vacunarse porque lo consideran contraproducente. Están en su derecho de no hacerlo, como lo estarán los restauradores de impedirles la entrada si el Govern dicta la norma. En esta colisión de derechos tiene que prevalecer el que casa con la única vía conocida para evitar muertes.
