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Todavía ignoro la razón por la que hace 29 años el Consell de Menorca otorgó al rey Juan Carlos la medalla de oro de la institución, creada aposta y nunca más utilizada. Fue el pretexto para que un día de agosto, aprovechando que ese mes veraneaba aquí al lado, tuviéramos la fanfarria del acto institucional en el Principal, paseo callejero y almuerzo en San Felipe con una representación de la sociedad menorquina y -qué provincianos éramos- la gent set de Madrid y resto del país que aquí veranea.

Allí fueron presentados los asistentes y llegó el turno de un conseller nacionalista, quien le dijo que le estaba saludando un republicano. «Entonces a los mejor somos dos [republicanos]», le contestó con sorna aquel Borbón cuya posterior vida de calavera ha acabado desembocando en el Golfo Pérsico.

Ahora su hijo Felipe mantiene esa tradición de dedicar un fosquet a una representación de la sociedad balear, los cargos públicos en particular. Quien no quiere no va, alguno espera la invitación para rechazarla con el alegato expreso de que la Monarquía es una institución medieval, rancia e impuesta a través de una constitución que, dicho sea de paso, el pueblo aprobó por aplastante mayoría. Es la misma constitución que protege la libertad para ir o no y para soltar alegatos que, en una república identificada con sus planteamientos políticos, no tendrían.

Algunos pocos han sabido desligar sus principios particulares de sus obligaciones institucionales en un elogioso distintivo de calidad democrática. Me han recordado a Venancio, aquel alcalde ateo y comunista de un pueblo querido que, sin embargo, en las fiestas patronales ocupaba su puesto de autoridad en primera fila de la iglesia. Una cosa son mis asuntos con el cielo y con el clero y otra el respeto a mis vecinos, contaba. Y fue alcalde muchos años.