Fela Saborit31/01/23 4:00
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El decreto ley 10/2022 no permite a los municipios de Balears autorizar más desarrollo urbanístico mientras en sus planeamientos cuenten con suelo sin construir. La construcción augura que esto hará subir aún más el precio de la vivienda. En Menorca precisamente el suelo no parece el problema, hay 5.552 parcelas urbanas sin edificar, mientras los constructores admiten que las promociones de pisos son un riesgo alto que prefieren no asumir; trabajo no les falta, la vivienda unifamiliar, nueva o reformada, les da beneficios.    Mientras, ahora mismo hay más de 400 familias en esta isla que esperan para un piso de protección oficial del Ibavi. Los alquileres siguen al alza y los precios de compra de un hogar se alejan cada vez más de las posibilidades de una renta media. El problema del acceso a la vivienda se agrava, la legislación es un galimatías, y está claro que el mercado no resolverá la situación, se requiere intervención pública, la cuestión es hasta dónde y de qué manera, para que el aleteo de la mariposa, como en la teoría del caos, no cause un desastre mayor que el rompecabezas que se quiere resolver.

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Poner un veto a la compra de casas por no residentes, como plantean los partidos de izquierda, será una de sus propuestas clave de la campaña que se avecina, la panacea, pero hoy por hoy contraria a la jurisdicción europea, sin que esté claro si la medida puede llevar por sí sola a que los pisos sean más accesibles para la población local. Ni siquiera un experto invitado a las jornadas de vivienda e inclusión del Consell lo tenía claro, Jordi Bosch, director del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, advirtió que «hay medidas que pueden tener un efecto contraproducente o peor que el beneficio esperado». Hace falta un plan que aparque diferencias políticas y que tenga en cuenta a los agentes implicados, sin que culpar siempre a los de fuera sea una manera de eludir la necesidad y el compromiso de promover pisos sociales.