En este comienzo de la campaña turística en el que se confirman las mejores previsiones para los hoteleros, paralelas a las de toda la oferta complementaria de la que depende el principal sostén de la Isla, el transporte entendido como servicio público, de momento, no presenta una perspectiva tan esperanzadora.
Entre la farragosa y lenta tramitación burocrática y la falta de determinación para actuar con una mayor celeridad hemos llegado al inicio de la temporada sin que se concretara hasta ayer mismo la ampliación del ámbito en el que puedan trabajar los taxis temporales, que será en toda la Isla de junio a septiembre.
En cuanto a la incorporación de otros 35 vehículos de turismo con conductor (VTC), como pretende el área de Movilidad del Consell, anunciada por su titular, Montse Morlà, por el momento nada se sabe.
Son ambas, medidas necesarias para potenciar un servicio que provoca quejas persistentes un verano tras otro a cargo de hoteleros, restauradores y turistas, porque resulta insuficiente y se acompaña de una red de autobuses mejorable en frecuencias y horarios. El problema, bien es cierto, resulta moneda común en muchas áreas turísticas de la geografía nacional donde la demanda supera la oferta pero aquí se hace más evidente dada la ausencia de otras alternativas para desplazarse.
Sorprende, porque llueve sobre mojado después de las experiencias de los dos últimos años, que el obligado reglamento para ampliar los vehículos VTC, un servicio que tiene un público muy determinado, todavía no se conozca si es que finalmente ha sido redactado. Tanto es así que los propios taxistas, que están alerta para conocer cuál será su contenido, dan por hecho que este año tampoco serán su competencia como no lo fueron el anterior al impugnar el proceso de licitación, precisamente por la ausencia de ese reglamento.
En agosto de 2022 Morlà decía que el servicio de taxis era «una vergüenza». Por ahora no se puede prever que su percepción vaya a ser otra en los próximos meses porque la solución se ha quedado a medias.
