La interinidad en el Gobierno ha servido en bandeja al Consell la supresión de la gratuidad universal del transporte en autobús, siguiendo la estela de lo anunciado en ciudades como Palma. La institución insular ha pagado el 88 por ciento del coste de la medida, a la espera de que lleguen los fondos estatales. Aún queda el último trimestre del año para que se ingresen, pero ante la duda Movilidad ha finiquitado el bus gratuito prometiendo sustanciosos descuentos a determinados colectivos, bonificaciones que en cualquier caso dejarán fuera al grueso de los usuarios.
El Consell tiene ahorros, cerró los últimos ejercicios con superávit, y el Govern puede permitirse dejar de ingresar determinados impuestos como el de sucesiones, pero lo de la gratuidad del autobús parece ser que es un elemento desequilibrador de las cuentas públicas. La medida ha tenido demanda en Menorca, se han expedido 28.000 tarjetas, aunque es obvio que muchas se han sacado por viajeros solo esporádicos; no veo el abuso en quien la usa puntualmente, no supone un gasto extra ni impide que otro se pueda beneficiar.
Lo cierto es que el PP nunca creyó en esta medida. Desde la oposición el propio Vilafranca, ahora presidente, esgrimió como uno de los argumentos en contra que se aplicaba de manera indiscriminada, sin valorar la necesidad o los ingresos de renta de quien obtenía la tarjeta. En realidad, el mejor estudio es viajar en autobús de vez en cuando y recorrer las paradas para comprobar que el transporte público lo usan sobre todo estudiantes y trabajadores, también turistas, pero estos han pagado mayoritariamente el billete sencillo, como lo demuestra el balance hecho público por el propio Consell.
Las circunstancias que dieron lugar al plan de choque continúan, los precios de los alimentos desorbitados, alquileres insostenibles, cuotas de hipotecas al alza, el combustible caro como nunca, la guerra de Ucrania por desgracia sigue también. Ante esa realidad, se elimina una medida que alivia, un poco, las economías domésticas.
