Nuestro país se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su historia: el acuerdo entre PSOE y Junts intenta socavar la separación de poderes en España. Lo escuchamos claramente en el Congreso de los Diputados, en voz de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Ahora, en lugar de que los políticos sean juzgados por los tribunales cuando infringen la ley, Junts, aliados de Sánchez, quieren que los políticos juzguen a los jueces, policías y periodistas a través de comisiones de investigación parlamentarias. Es sorprendente hasta dónde ha llegado la deriva de Pedro Sánchez. Un acto vergonzoso, y todo por el deseo de seguir siendo presidente unos años más.
Sin duda, estamos ante el hecho más grave de nuestra historia desde el intento de golpe de estado del 23-F. El pacto al que han llegado el PSOE y Junts aniquila directamente la Constitución. Es la anulación y muerte de Montesquieu, el ataque a los jueces que juzgaron los graves hechos ocurridos en Cataluña, por el simple hecho de realizar su trabajo. Esto nos hace pensar en países como Venezuela y otras democracias incompletas.
En la Unión Europea observan atónitos a Pedro Sánchez justificar este ataque a la separación de poderes, fruto de un PSOE que ha optado por traicionar a los españoles para permanecer en Moncloa. La introducción del concepto «lawfare» en los acuerdos, representa un asalto a la imparcialidad judicial.
No es de extrañar que todas las asociaciones judiciales hayan criticado el pacto, incluidas las de orientación progresista, porque es sencillamente inaceptable. Sánchez ha conseguido que todas las asociaciones de jueces se opongan al acuerdo.
Y qué decir del bochorno nacional de reunirse en otro país bajo la supervisión de un mediador internacional para validar lo acordado con los independentistas, como si se tratara de un acuerdo entre dos estados. El ridículo y el daño a la democracia española han sido tan grandes que han movilizado a cientos de miles de personas en manifestaciones cívicas para rechazar este atropello a la igualdad de todos.
Pedro Sánchez ha mentido repetidamente a todos los ciudadanos del país. El propio presidente negaba la amnistía el día antes de las elecciones, pero, tras el resultado del 23-J, vendió el país para mantenerse unos años más en el poder. Una compra de poder en toda regla. Es vergonzoso tener un presidente de España que ha pasado de prometer llevar a Puigdemont ante la justicia, a permitir que sean los jueces quienes deban disculparse con él. Una clara demostración de un presidente habituado a la mentira.
Escuchar a los portavoces socialistas afirmar públicamente que la Ley de Amnistía es la medida necesaria y deseable para la convivencia entre españoles, y luego admitir en entrevistas que no la habrían aprobado sin necesitar los siete votos, será recordado como la mayor vergüenza de nuestra democracia y un ataque directo a la igualdad de todos los españoles. Un trato de favor a ciertos partidos a cambio de sus votos.
Pero si los pactos con Junts y ERC no fueran lo suficientemente graves para la salud y el futuro del país, hace unos días nos despertamos con el pacto oculto del PSOE con Bildu en Pamplona para darle la alcaldía al partido que sigue teniendo en sus listas a condenados por terrorismo. Este acuerdo, negociado en secreto por Sánchez en julio para asegurarse los votos de Bildu, fue deliberadamente ocultado a la opinión pública, hasta el comienzo del trámite de la Ley de Amnistía. Representa otra mancha en el historial de Sánchez, quien había afirmado que nunca pactaría con Bildu. No se puede caer más bajo. Todo, por siete votos.
