La consellera electa de Vox en el gobierno del Consell, Maite de Medrano, ejecutó ayer su fría venganza ante Adolfo Vilafranca. El presidente del Consell la había desalojado de su ejecutivo, principalmente por la parálisis del departamento que se le había asignado, coronado con la batallita que mantuvo ella con quien fue su director insular, Ricardo Galí.
La arquitecta, con cierta severidad, repitió el argumentario nacional de la formación a la que representa para justificar en el pleno que se alineara con la izquierda y tumbara los presupuestos elaborados por el equipo que gobierna. De Medrano impulsaba así la enésima crisis del Consell en apenas ocho meses de legislatura.
En esta ocasión, al menos, trató de explicar los motivos de su voto negativo que debe interpretarse como una coacción para que el presidente le devuelva la silla de la que la desplazó, y recupere así la retribución económica que tenía y la parte de poder ejecutivo que le correspondía.
Como consecuencia asistimos a lo que fue una insólita alianza en la práctica, entre Més per Menorca, PSOE y... Vox, el partido que está en las antípodas de lo que defienden los ahora opositores al grupo de Vilafranca.
Esa debería ser una primera reflexión a realizar por unos y otros. Sean instrucciones que han llegado desde Madrid a cargo de Santiago Abascal para refrescar e imponer su programa radical, o bien una ocasión pintada que se le presentaba a la consellera para reclamar el cargo del que fue desposeída, lo cierto es que Vox ha votado lo mismo que los dos partidos de izquierda paralizando la hoja de ruta de la institución insular.
La disyuntiva se le plantea al presidente una vez más. No puede asumir las exigencias nacionales de Vox que repitió ayer la consellera díscola y modificar los presupuestos en base a ellas, pero menos coherente sería restituirla en el cargo sin que nada haya cambiado.
