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El 20% de los perceptores de la Resoga (Renta Social Garantizada) lo hacía de forma fraudulenta, según revela la auditoría realizada por la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, en la que consta que estas personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social, trabajando y cobrando del Govern a la vez, lo que es incompatible y, por tanto, ilegal. Pero lo más curioso es que 500 se dieron de baja justo cuando llegó el nuevo equipo, lo que hace presuponer que sabían muy bien que estaban cometiendo un delito, poniendo, una vez más, en el disparadero a sus gestores, quienes han pagado 400.000 euros mensuales de forma indebida.

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¿Y ahora qué? Es urgente adoptar medidas que eviten estas situaciones y exigir responsabilidades a los que las han permitido, pero como dicen que la mejor defensa es un buen ataque, Més ha salido a la palestra y, en lugar de reconocer sus errores, ha acusado a la consellera Catalina de Cirer de «dar alas al discurso xenófobo y clasista de Vox», obviando que ellos han estado al frente del organismo más cuestionado de los últimos años.