El lunes se cumplieron 85 años del fin de nuestra Guerra Civil. Entre las grandilocuentes celebraciones del entonces bando vencedor y la actual desmemoria histórica seguro que tiene que existir un término medio. Sin embargo, en nuestro país somos más aficionados a los movimientos pendulares, de modo que muchos medios ni siquiera dedicaron una triste línea a la efeméride, que lo es por el solo hecho conmemorar el fin del más cruento conflicto que hayamos vivido desde nuestra fundación como nación moderna.
Pero la desmemoria no se limita a olvidar acontecimientos del pasado desfavorables a quienes ahora nos gobiernan y a sus predecesores ideológicos, sino que pretende extenderse a sus víctimas.
Hay que acudir a fuentes privadas o a archivos históricos -cuando los hay- para investigar todo aquello que hace referencia a los crímenes cometidos por el bando perdedor durante el conflicto. Actualmente, con las llamadas leyes de «Memoria Democrática» solo reciben amparo y consuelo los familiares de las víctimas del bando franquista, tanto aquellas que lo fueron entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, como aquellas otras que fueron objeto de procesos de carácter represivo -ejecuciones incluidas- durante la dictadura, aunque sean supuestos bien distintos.
DURANTE LA GUERRA CIVIL española ambos bandos cometieron, con la anuencia, o incluso mediante órdenes directas de sus dirigentes, miles de crímenes.
Solo en Madrid, entre septiembre y diciembre de 1936, fueron asesinadas entre 1.800 y 3.000 personas no combatientes, culminando esa barbarie en las matanzas de Paracuellos del Jarama, que algunos cargos republicanos denunciaron sin demasiado éxito ante el presidente del consejo de ministros, el socialista prosoviético Francisco Largo Caballero, tolerante con los delitos de sangre de sus socios anarquistas y comunistas, lo que le convierte en cómplice de los mismos.
Pero no hace falta ir a la capital para recordarles a los republicanos sus crímenes. En Balears los tuvimos para todos los gustos. Pareciera como si únicamente los sublevados hubieran asesinado adversarios políticos o civiles ‘sospechosos’ aquí, cuando es lo cierto que en Menorca los afectos a la República hicieron lo propio.
LAS CIFRAS OFICIALES manejadas hablan de 334 víctimas halladas en fosas de Mallorca -57 de ellas identificadas- y un total de 2.077 (datos de 2019), entre la guerra y la posterior dictadura, en todo el archipiélago. Claro que mezclar milicianos combatientes del desembarco de Manacor con civiles asesinados durante la guerra y ejecutados tras ella no parece un sistema muy riguroso de clasificación.
En cambio, de los 75 presos del buque «Atlante» en el Port de Maó, asesinados por los republicanos en noviembre de 1936, solo se habla en Menorca y, por supuesto, el anterior Govern del Pacte hizo todo lo posible para que pasaran desapercibidos y sin reconocimiento alguno.
En búsqueda de un equilibrio tan necesario como humanamente justo, hay que empezar a honrar a todas las víctimas, no solo a las de un bando.
