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El primer ministro de Italia, Enrico Letta, ha presentado este viernes, como había anunciado, su dimisión al Jefe del Estado, Giorgio Napolitano, después de que su formación, el Partido Demócrata (PD), le diese la espalda y exigiera un nuevo Ejecutivo para sacar al país del inmovilismo.

Ahora la palabra la tiene Napolitano, quien ha abierto una ronda de consultas con los partidos representados en el Parlamento para buscar una solución a esta crisis de Gobierno.

El procedimiento es el mismo que siguió a la dimisión de Silvio Berlusconi en noviembre de 2011, y posteriormente de Mario Monti en diciembre de 2012, recordó la Jefatura del Estado. Pero esta vez la respuesta está ya escrita.

El PD acudirá ante Napolitano con la solución: el líder de la formación progresista y alcalde de Florencia, Matteo Renzi, está dispuesto a liderar un Gobierno de coalición que agote la legislatura, prevista en 2018, y que realice las reformas necesarias y de impulso al país.

El ambicioso Renzi, como el mismo se definió, se propuso durante la convención de su partido en primera persona para esta nueva fase, aceptando el «riesgo» de fracasar y acabar así con su futuro político, pero sobre todo por el bien del país y para sacarlo del «pantano».

Letta presentó su irrevocable dimisión tras presidir el Consejo de Ministros y brindar con el que hasta ahora fue su equipo, y sin una sola palabra polémica.

Gracias

«Voy a dimitir. Gracias a quien me ha ayudado», escribió Letta en su perfil de la red social Twitter antes de llegar al Quirinale sólo, conduciendo su propio coche, como aquel 28 de abril de 2013, cuando Napolitano le encargó formar un Ejecutivo que ha durado 300 días y que ha acabado abatido por «fuego amigo».

En el comunicado de la Jefatura del Estado se explica que Napolitano escuchará a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento y a los presidentes de la Cámara de los Diputados «para buscar una salida a esta crisis en esta delicada fase económica que el país atraviesa y para afrontar lo antes posible el examen de la nueva ley electoral y otras reformas institucionales urgentes».