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La abogada y defensora de derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh ha sido detenida por no cubrirse el cabello con un velo durante el funeral de Armita Garavand, quien murió tras sufrir una supuesta agresión por no llevar puesto el hiyab en el metro de Teherán.

«Nasrin Sotudeh fue arrestada por los cargos de no cubrirse con un velo y de actividades contra la seguridad mental de la sociedad», informó la agencia Fars.

Según grupos de derechos humanos, la activista fue también golpeada ayer por las fuerzas de seguridad en el entierro Garavand, junto con otros asistentes, que cantaron eslóganes contra las autoridades.

Sotudeh, de 60 años y una larga carrera de activista contra el velo y la pena de muerte, calificó el sábado la muerte de Garavand como «otro asesinato de Estado».

La abogada ha pasado largas temporadas entre rejas "propaganda contra el régimen», entre otras acusaciones, por defender a mujeres arrestadas por quitarse públicamente el velo y a opositores a la República Islámica de Irán.

Otras personas fueron también detenidas en el funeral, pero no ha trascendido ni sus identidades ni número.

Garavand fue enterrada en el cementerio de Behesht Zahra en Teherán entre fuertes medidas de seguridad, después de que las autoridades no permitiesen que la familia de la joven lo hiciese en la ciudad de Kermanshah, de donde procedía, para evitar muestras de descontento popular.

La joven murió el sábado tras pasar 28 días en coma tras sufrir una supuesta agresión por parte de las autoridades por no llevar puesto el obligatorio velo islámico en el metro de Teherán, de acuerdo con las denuncias de grupos de defensa de los derechos humano.

Las autoridades iraníes sostienen que Garavand sufrió el 1 de octubre una bajada de tensión cuando entraba a un vagón del metro, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que provocó un paro cardíaco, la disminución de oxígeno y un edema en el cerebro.

Su caso es similar al de Mahsa Amini, quien murió el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el veo.

Su muerte provocó fuertes protestas que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos, la detención de al menos 22.000 personas y en las que fueron ejecutados siete manifestantes, uno de ellos en público.