El ministro de Interior James Cleverly. | Reuters

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El ministro del Interior británico, James Cleverly, se dirige a Ruanda para firmar un nuevo acuerdo para desincentivar la migración, después de haber presentado su plan de cinco puntos que incluye elevar el salario mínimo requerido para la concesión de un visado de trabajo a ciudadanos extranjeros cualificados.

«Tenemos claro que Ruanda es un país seguro y estamos trabajando a buen ritmo para avanzar con esta asociación para detener los barcos y salvar vidas», ha afirmado después de asegurar que Kigali «se preocupa profundamente por los derechos de los refugiados. Cleverly se reunirá con su homólogo ruandés, Vincent Biruta, para firmar el tratado y discutir los próximos pasos clave en la asociación de migración, si bien sus dos predecesoras -Priti Patel y Suella Braverman- viajaron al país pero no llegaron a tener éxito, informa la cadena de televisión británica BBC.

El texto incluye cinco puntos entre los que se incluye la prohibición de la reagrupación familiar de trabajadores del sector de los cuidados y el aumento de 26.200 a 38.700 libras (de 30.000 a 45.000 euros) el salario anual que deberá tener un trabajador cualificado para obtener un visado de trabajo. El tercer punto acaba con las excepciones del 20 por ciento menos de salario para los sectores con déficit de mano de obra.

El cuarto prevé que el ingreso mínimo para visados familiares se incremente también desde 18.600 hasta las 38.700 libras (de 22.000 a 45.000 euros) para «garantizar que la gente solo traiga a personas a las que puedan dar sustento económico».

Y en cuanto al quinto punto, sobre los visados de estudios, los estudiantes deberán someter las peticiones de reagrupamiento familiar a una comisión «para evitar el abuso y proteger la integridad y calidad de la educación superior de Reino Unido». El Gobierno británico en general y el Ministerio del Interior en particular necesitaban mostrar una postura dura en materia migratoria tras el revés que supuso el dictamen del Tribunal Supremo en contra del plan para deportar a migrantes a Ruanda y ante las crecientes cifras de inmigración, con 745.000 nuevas llegadas en 2022.