El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó ayer un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra él, por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el franquismo.
En un escrito de 46 páginas, el abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Freneda lanza duras críticas al auto del juez Varela, que califica de "insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".
Además, se solicita a la Sala de lo Penal del Supremo, integrada por cinco magistrados, que ordene a Varela la práctica de nuevas diligencias de prueba en defensa de Garzón.
Entre ellas, pide la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
Además, interesa que declaren la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano.
El escrito señala en que, en su último auto, el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir "una sucesión de calificativos peyorativos" acerca de la conducta de Garzón, "a cual más injustificado", pero sin ofrecer ni "una valoración técnica jurídica" sobre su comportamiento.
El auto, agrega el recurso, se dedica a "descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo". "Pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador", remacha.
Para la defensa del magistrado, la clave está en que "se ha considerado inaceptable" que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esa causa "son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles".
El escrito repasa algunas de las, a su juicio, "omisiones" y "contradicciones" en las que cayó Varela en su auto "selectivo y parcial". En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que se acusaba a Garzón de "vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad".
Conde Pumpido recuerda que la Fiscalía no aprecia delito
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recordó ayer que la Fiscalía, en principio, no aprecia que exista un hecho delictivo que permita justificar la acusación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS).
"El dictamen se hará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido, pero tendrá que ser la Fiscalía del Supremo la que lo estudie", ha añadido Conde-Pumpido, en referencia al informe que le solicitó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que deberá pronunciarse a favor o en contra de la suspensión cautelar de Garzón.
Aunque el fiscal general del Estado no ha querido anticipar nada sobre el sentido del citado informe, la Fiscalía previsiblemente no apoyará la suspensión provisional de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos.
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