EfeBruselas18/03/10 0:00
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El plan de saneamiento español para 2010 logró ayer la aprobación de la Comisión Europea (CE), que sin embargo pidió más concreción de las medidas fiscales a partir de 2011 y que el Ejecutivo acometa la reforma de las pensiones y contenga el déficit de las administraciones locales y las comunidades autónomas.

"En vista de las proyecciones de incremento de los gastos relacionados con las jubilaciones y el rápido aumento del ratio de deuda, España es invitada a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo mediante la implementación de las reformas del sistema de pensiones", indica la CE en su propuesta de recomendación.

El documento del Ejecutivo también solicita que los planes de ahorro fiscal a medio plazo sean apoyados por "todos los niveles" de gobierno, tras asegurar que "hay un riesgo adicional asociado al comportamiento presupuestario de los gobiernos regionales y locales".

En 2009, el "margen de flexibilidad" de la ley (presupuestaria española) "fue presionado hasta el límite, permitiendo de manera excepcional que las administraciones regionales y locales presentaran déficit superiores a los previstos inicialmente en el marco presupuestario".

"Otra fuente de riesgo" para la consolidación de las finanzas públicas españolas es, a juicio de la Comisión Europea, "la lenta reestructuración que está ocurriendo en el sector financiero" español.

La principal objeción expresada en el documento de la Comisión hace referencia a las demasiado "optimistas" perspectivas de crecimiento manejadas por el Gobierno en este programa actualizado de estabilidad, en el que baraja una contracción económica del 0,3 por ciento del PIB para 2010 (-0,8 por ciento según la CE), una recuperación del 1,8 por ciento en 2011 (1 por ciento la CE) y una expansión media del 3 por ciento en 2012 y 2013.

La Comisión cree que las cifras de recuperación económica serán peores de lo barajado por Madrid porque la evolución de la demanda interna será "más apagada", debido entre otros factores "al peso decreciente de la inversión en vivienda dentro de la actividad económica".

A juicio de la Comisión Europea, estas "asunciones macroeconómicas marcadamente favorables" pueden afectar a la consolidación fiscal de España, si el crecimiento económico menor de lo previsto impacta negativamente en los ingresos públicos.