El Gobierno decidió ayer acabar con 29 empresas públicas, lo que conllevará una reducción de 80 directivos y 450 consejeros, y ha eliminado 32 altos cargos de los distintos ministerios, con la intención de ahorrar 16 millones de euros al año.
El compromiso de reducir las estructuras del Estado para ayudar a que baje el déficit se ha traducido finalmente en un ahorro que el Ejecutivo reconoce que no es elevado, pero con el que espera ganar en eficiencia.
El Consejo de Ministros aprobó ayer los dos reales decretos y dos acuerdos que materializan estos cambios, tras los cuales los altos cargos del Ejecutivo serán 311 -frente a los 343 actuales- y 77 las empresas públicas con participación mayoritaria del Estado, en lugar de las 106 que ahora existen. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó el plan en las medidas de "austeridad y eficacia" diseñadas frente a la crisis por un Gobierno que, dijo, actúa "con rigor, decisión y responsabilidad". Con los recortes, añadió, habrá "más trabajo con menos recursos humanos".
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, admitió que los 16 millones del ahorro directo no son "la variable más importante", y sí el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración y sus empresas. Recordó en este sentido que seguirá habiendo más de 100.000 trabajadores en empresas públicas, aunque ahora se ubiquen en distintas sociedades. Por el contrario, antes de conocerse los detalles del plan, el líder del PP, Mariano Rajoy, pidió al Gobierno una explicación por esta medida que, en su opinión, al ser "aislada e inconexa" se revelará "inútil".
La reestructuración empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles (13 adscritas a la SEPI y una al Ministerio de Vivienda) y la fusión de otras veinticuatro (17 en Patrimonio, 5 en la SEPI y 2 en Fomento) que pasarán a ser nueve; también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. Todo esto supondrá la eliminación de 40 directivos y 150 consejeros en las empresas públicas, así como de otros 40 directivos y 300 consejeros en las entidades públicas empresariales. Mientras, los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y responsables de catorce organismos autónomos con rango de director general.
De los dieciséis millones que se van a amortizar, sólo cuatro corresponden a este recorte de altos cargos, una cifra que el Gobierno también reconoce que es limitada pero a la que otorga un alto valor simbólico.
La mayoría de los altos cargos que vayan siendo destituidos se mantendrán en cualquier caso en la Administración porque son funcionarios. La progresiva eliminación de los cargos de la Administración empezará en las próximas semanas y se acometerá en los próximos tres meses, y no va a afectar ni al Ministerio de Asuntos Exteriores ni al conjunto de las Secretarías de Estado hasta que no acabe el semestre de la Presidencia Española de la UE.
El plan de racionalización ha llegado al Consejo con varias semanas de retraso por la complicada negociación con los ministerios afectados, pero de La Vega quiso hoy agradecer a todos el esfuerzo y el sacrificio realizado. "Resistencia, ninguna, colaboración, toda", apuntó. El Gobierno busca también con estas medidas cumplir con el compromiso de reducir un 4% los gastos de personal de la Administración, aunque admite que el principal ahorro de este capítulo se conseguirá gracias a la reducción de la oferta pública de empleo.
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