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El último barómetro del CIS ha puesto de manifiesto que sigue aumentando la preocupación de los españoles por el paro, que se sitúa como el principal problema para el 83,9 por ciento de los ciudadanos, la cifra más alta de los díez últimos años.

En la lista, los españoles citan al desempleo en el número uno de sus preocupaciones, con una subida de un punto y medio respecto al mes anterior.

Después vienen en el orden de preocupaciones los problemas económicos, que son los primeros para el 51,6 por ciento, seguidos muy de lejos por la clase política y los partidos, que sólo causan inquietud al 17,8 por ciento, tres puntos menos que en el anterior sondeo.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hecho público ayer dedica esta vez un apartado especial a la Administración de Justicia, que preocupa al 2,5 por ciento, y las leyes, que para la mayoría no protegen igual a todos los ciudadanos y favorecen a ricos y políticos.

Para el 79,2 por ciento de los encuestados la situación económica en España es "mala o muy mala", opinión que mejora casi un punto y medio respecto al anterior barómetro, y sólo un 20 por ciento cree que será mejor dentro de un año.

No obstante, no cunde el pesimismo entre los que trabajan y el 76,1 por ciento, casi la misma cifra que en enero, ve "poco o nada probable" perder su empleo en los próximos doce meses.

La otra cara de la moneda la ofrecen los parados, ya que la mayoría (57,4 por ciento) ve "poco o nada probable" conseguir un puesto de trabajo en este año.

Del apartado sobre la Justicia se desprende que las reformas del Gobierno para modernizarla no han sido percibidas aún por la mayoría de los españoles, ya que el 76 por ciento opina que funciona mal o regular y sólo el 13,3 por ciento cree que ha mejorado en los últimos tres o cuatro años, periodo en el que han arrancado los planes de modernización del Ejecutivo.

Otro 82,6 por ciento de los españoles considera que las leyes no protegen por igual los derechos e intereses de todos los ciudadanos, sino que existen unos grupos más favorecidos que otros, entre los que el 48,6 por ciento cita a los ricos y el 26 por ciento a los políticos.