El Tribunal Constitucional escenificó ayer -con el anuncio de la renuncia, finalmente no aceptada, de tres de sus magistrados, que hubiera dejado a este órgano con el quorum mínimo para seguir funcionando- el hartazgo de sus miembros ante la incapacidad del PSOE y del PP para pactar su renovación.
Las siete horas y media transcurridas desde que se conoció que Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera habían anunciado su renuncia hasta que el presidente, Pascual Sala, comunicó que no aceptaba sus dimisiones sirvieron para poner en evidencia la situación de excepcionalidad en la que vive el Constitucional desde 2007.
Y es que en este órdago sin precedentes lanzado por el tribunal a socialistas y populares y especialmente a sus grupos en el Congreso, responsables últimos de pactar la sustitución de estos tres magistrados, ha pesado mucho lo ocurrido con los designados en 2001 por el Senado, que no pudieron abandonar sus puestos hasta el pasado mes de enero, más de tres años después de finalizado su mandato.
Así lo aseguraron a Efe fuentes del tribunal y así se desprende tanto de la escenificación de las renuncias -anunciadas en un pleno celebrado el pasado jueves por el Constitucional, formalizadas por escrito entre el viernes y ayer y rechazadas horas más tarde por Pascual Sala- como del contenido de las cartas en las que los dimisionarios exponen sus razones.
"Tenía la sensación de estar en un tribunal secuestrado", decía por ejemplo en su misiva Eugeni Gay, vicepresidente del Constitucional, al explicar cómo se sentía mientras asuntos como los recursos contra el Estatut de Cataluña eran tratados por un tribunal con un tercio de sus miembros en funciones, circunstancia que motivó las protestas de la Generalitat y del Parlamento catalanes.
Más directo era el expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Javier Delgado, que en una escueta misiva afirma que "las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple".
Al mandato que la Constitución impone a los grupos políticos -renovar un tercio del Constitucional cada tres años- aludía asimismo Elisa Pérez Vera, que afirmaba que no cumplir esa obligación desvirtúa "la voluntad del poder constituyente".
El perfil de los tres dimisionarios -sin nada en común salvo tener el mandato caducado, ya que Delgado es juez de carrera, Gay abogado y Pérez Vera catedrática y el primero es conservador mientras que los otros dos son progresistas- da cuenta también de la unánime sensación de impotencia con la que los magistrados del Constitucional asisten a la inacción del poder legislativo.
La renuncia de Gay, Delgado y Pérez Vera, que se suma a la vacante creada en 2008 por el fallecimiento de Roberto García Calvo, también designado por el Congreso, hubiera dejado al Constitucional con el quorum mínimo para tomar decisiones, que la ley fija en dos tercios de sus miembros, es decir, en ocho magistrados.
Ese tribunal disminuido, además, hubiera tenido por delante asuntos de tanta trascendencia como el recurso de Sortu contra la prohibición de su inscripción como partido y los recursos contra el matrimonio homosexual, la nueva ley del aborto o la llamada "doctrina Parot".
No es de extrañar por tanto que, en el decreto notificado ayer por la tarde, Pascual Sala haya justificado su decisión de no aceptar la renuncia de los tres magistrados "dado el volumen de procesos constitucionales sometido a su conocimiento".
El presidente del tribunal alegó también la necesidad de "garantizar la continuidad y estabilidad" de un órgano que, recordó, es "insustituible" como intérprete supremo de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Así, acordó no aceptar la marcha de Gay, Delgado y Pérez Vera, pero también "hacer nuevamente presente" al Congreso de los Diputados "la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos".
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