maniFestantes. Cientos de personas permanecen acampadas en la Plaza Tahrir - Reuters

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El viceprimer ministro egipcio, Yehia el Gamal, dimitió ayer de su cargo, según anunció el jefe del Gobierno, Esam Sharaf, en su página de Facebook, en la que explicó que ya ha aceptado la renuncia del "número dos" de su Ejecutivo.

La salida de El Gamal del Gabinete era una de las principales reclamaciones de los manifestantes que desde el pasado viernes han vuelto a tomar la plaza Tahrir de El Cairo para reclamar mayor rapidez en las reformas.

"Se acepta la dimisión del doctor Yehia el Gamal como viceprimer ministro", es el escueto comunicado con el que Sharaf anunció una noticia que los observadores esperaban tras su alocución de la noche del lunes.

Sharaf añadió que "el cambio de Gobierno no es un objetivo en sí mismo, sino un punto de partida del que saldrán un conjunto de pasos positivos y tangibles".

En ese discurso televisado a la nación, Sharaf prometió una remodelación de su Gobierno en el plazo de una semana, con el fin de "preservar la revolución", ante la creciente presión de los manifestantes de Tahrir, que ayer convocaron una nueva marcha de protesta.

Con su alocución, Sharaf respondió a varias de las reclamaciones que han vuelto a sacar a la calle a miles de egipcios desde el pasado viernes, sobre todo en El Cairo, Alejandría y Suez, aunque no ofreció detalles sobre cuáles serían los ministerios afectados por la remodelación.

Los manifestantes, cientos de los cuales permanecen acampados en Tahrir, habían pedido con especial insistencia la renuncia de El Gamal y la del actual ministro del Interior, Mansur el Esawi.

Asimismo, Sharaf prometió cambiar a los gobernadores del país antes del final de julio, y aseguró que ha encargado al Ministerio del Interior apartar en un plazo máximo de 15 días a los policías implicados en crímenes contra los manifestantes en los 18 días de la revolución, que obligó a renunciar al expresidente Hosni Mubarak el 11 de febrero.

Otra de las promesas del primer ministro ya se había cristalizado ayer con la orden por el Consejo Supremo de Justicia de permitir el acceso al público y de retransmitir por pantallas los procesos contra altos cargos del régimen de Mubarak acusados de corrupción y asesinato de manifestantes.