El 16 de agosto, Francia y Alemania acordaron que pedirían a los miembros de la Eurozona que incluyesen en sus constituciones una regla de equilibrio presupuestario, semejante a la que contempla la Carta Magna germana desde 2009. París predica con el ejemplo y se dispone a hacer la reforma; Italia y España siguen sus pasos. A pesar de todo, el Gobierno insiste en que las dos grandes potencias del 'viejo continente' no obligaron a las mediterráneas y que la decisión deviene de que... "Los grandes países de la Unión Europea (UE) debemos estar en la vanguardia de la estabilidad presupuestaria", según Elena Salgado, vicepresidenta económica. Muchos diputados y dirigentes del PSOE se han mostrado abiertamente contrarios a esta propuesta, entre ellos Antonio Gutiérrez, que se opondrá. IU reclama que se convoque un referéndum y presentará una enmienda de totalidad contra la proposición de ley que prepara el PSOE junto con el PP, que confía en que la novedad servirá "para que en el futuro se pueda crear empleo".
La idea surgió de una reunión que tuvo lugar el 16 de agosto. Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, dirigentes de Francia y Alemania, acordaron entonces que pedirían a los países de la moneda común que incluyesen en sus constituciones una regla de equilibrio presupuestario, semejante a la que recoge la Carta Magna germana desde 2009. París se puso manos a la obra enseguida y, poco después, lo haría Italia.
El martes, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, sorprendió en medio de un debate en el Pleno del Congreso con la propuesta de que España hiciese caso a la sugerencia de las dos grandes potencias. Sugerencia, que no dictamen, según subrayó ayer Salgado. Ésta hizo hincapié en que nadie ha obligado a Madrid a hacer la reforma constitucional, una decisión "autónoma" del Ejecutivo: "Los grandes países de la UE debemos estar en la vanguardia de la estabilidad presupuestaria".
Según afirmó en la cadena SER, la "acertada" medida contribuirá a serenar a los mercados. Los inversores han de saber que "los requisitos de estabilidad presupuestaria" y las "obligaciones de la deuda pública" se incluyen "en el máximo nivel" de la legislación, "es decir, en la Constitución".
La vicepresidenta adelantó que la propuesta será "flexible y equilibrada", algo que corroboró Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a las elecciones generales. La Carta Magna recogerá que, en situaciones de crecimiento económico normal (entre el 2 y el 3 por ciento), "los presupuestos tienen que liquidarse sin déficit o con un déficit muy pequeño", explicó la economista.
Si se supera el 3 por ciento, el texto dictaminará que hay que cerrar con superávit. Sin embargo, y en este punto llega la parte flexible de la norma, se permitirá déficit "cuando haya una situación de crisis económica grave o cuando haya un desastre natural", esto es, si el crecimiento es inferior al 2 por ciento.
Aún se desconoce cuál será ese "pequeño déficit" que se permitirá en situación normal, pero Salgado explicó que se tomarán como referencia los parámetros alemanes, cuyo tope es del 0,35 por ciento. A partir de ahí, el Gobierno negociará con los Grupos Parlamentarios hasta lograr un consenso.
El margen de actuación tendrá que calcularse ejercicio a ejercicio: "Cada año tendremos que determinar, de acuerdo con una metodología europea, en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Si estamos en un punto bajo del ciclo, podremos tener déficit, y si estamos en un punto alto, no deberemos tener déficit".
La reforma constitucional atenderá también al criterio de volumen de deuda pública, para evitar que crezca demasiado. "La deuda pública" deberá estar acorde con los criterios de convergencia que "en cada momento" se establezcan en Europa. Salgado negó que se vaya a fijar un límite absoluto a la deuda o un porcentaje fijo en la Constitución.
Moncloa cuenta con el respaldo de la oposición, a pesar de haber "denostado" la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "germen" de este cambio en la Carta Magna, según recordó la ministra. Mariano Rajoy, líder del PP, confía en que la medida sirva "para que España pueda crecer económicamente y para que en el futuro se pueda crear empleo". Según destacó, el déficit y la deuda acaban "repercutiendo en el crédito" y en el número de puestos de trabajo.
Su grupo está negociando una proposición de ley con el Gobierno, un texto que pretenden redactar "con la mayor celeridad posible", con el objetivo de que se apruebe la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Su presidente, José Bono, aplazará un día la celebración de la sesión en la que se prevé aprobar la reforma. Aunque pretendía convocarla el 1 de septiembre, al final la cita tendrá lugar el día 2.
Rajoy descartó que vaya a haber más cambios la Carta Magna: "Hoy, cuando estamos a muy poco de las elecciones generales, no soy partidario de plantear otra reforma". Una vez más, el 'popular' preguntó al Ejecutivo si el Banco Central Europeo (BCE) le mandó una carta con una relación de medidas de ajuste a aplicar.
Antonio Gutiérrez, quien no repetirá como diputado del PSOE, se ha sumado a las dudas sobre la forma y el fondo de esta reforma constitucional, que han cuestionado ya los tres diputados de la corriente Izquierda Socialista: Juan Antonio Barrio de Penagos, José Antonio Pérez Tapias y Manuel de la Rocha. Junto a ellos, el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, dijo desde Santander que no comparte la propuesta de fijar un tope de déficit en la Constitución.
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