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La concentración convocada ayer por Greenpeace para pedir la demolición del hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), a la que acudieron unas 200 personas, encontróla firme oposición de medio centenar de vecinos, que defienden el complejo como fuente de riqueza y empleo.

Ambos grupos protagonizaron por momentos un intenso enfrentamiento verbal que no fuea mayores, pero sí dejóclaro el sentir de unos y otros.
La concentración ecologista, convocada por Greenpeace y varias organizaciones más, como Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, tenía por objetivo reivindicar la demolición del complejo hotelero, edificado en pleno Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar a escasos metros del mar, y cuya construcción fue paralizada por orden judicial en 2005.

Esta convocatoria coincide con el encierro iniciado el lunes en el hotel por una docena de activistas de Greenpeace, como medida de presión tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) como a la Junta de Andalucía, a los que les exige un compromiso "firme y por escrito" para la demolición inmediata del edificio, de veinte plantas de altura y más de 400 habitaciones.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, subrayó que son varias las sentencias que han reconocido la ilegalidad del hotel por no respetar la servidumbre de cien metros establecida por la Ley de Costas y encontrarse en una zona protegida. De hecho, recordó, la movilización de Greenpeace coincide con los tres años de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería en la que se establecía la ilegalidad de la licencia de obras.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción abogan por la ejecución provisional de esta sentencia, que está pendiente del pronunciamiento del TSJA, para su demolición.
Con unos argumentos totalmente diferentes se expresaron el medio centenar de vecinos de Carboneras que protagonizaron una contramanifestación a escasos metros de los ecologistas.

Estos vecinos, que aseguraron representar el "sentir general" del pueblo, defendieron la apertura del complejo hotelero como fuente de riqueza y de empleo para el municipio, y reivindicaron su derecho a contar con este tipo de inversiones turísticas, al igual que otros municipios cercanos como Mojácar.

Además, dijeron que, si el hotel es ilegal, debería haberse evitado su construcción y no reivindicar ahora su demolición, cuando la inversión ya está hecha.