El rechazo del PP al impuesto de patrimonio -gestionado por las comunidades autónomas- no es unánime y mientras gobiernos como el valenciano han avanzado que seguirán sin recaudarlo, otros como el extremeño defienden el gravamen que reactivará el viernes el Consejo de Ministros.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reclamó al Ejecutivo la recuperación de este impuesto antes de concluir la legislatura, se mostró ayer escéptico ante la posibilidad de que alguna comunidad renuncie a su dinero.
Si algún gobierno popular rechaza el nuevo gravamen -apuntó en una entrevista en RNE- tendrá que explicar por qué "no quieren cobrar un poco más de dinero a las grandes rentas para salvar a los profesores interinos o a los servicios sanitarios".
Pero el líder del PP, Mariano Rajoy, dejó clara su oposición al impuesto al estimar que "castiga al que ahorra y premia al que no ahorra".
Entrevistado en Telecinco, denunció además que "no tiene ningún sentido" que "los mismos" que lo quitaron, los socialistas, quieran ahora recuperarlo "porque estamos en campaña".
En la misma línea se manifestó el presidente valenciano, Alberto Fabra, quien garantizó que, si un cambio en la ley estatal no se lo impide, su comunidad seguirá sin recaudar el impuesto de patrimonio para las rentas más altas y aseguró que si es posible "bonificará al máximo" este tributo.
También rechazó este impuesto el balear José Ramón Bauzá, para quien recuperarlo es una decisión "exclusivamente electoralista".
En el lado opuesto se sitúa el Gobierno extremeño. Su presidente, José Antonio Monago, avanzó la semana pasada en la celebración del Día de Extremadura su intención de pedir al Ejecutivo central la reactivación del impuesto y ayer el secretario general adjunto del PP en la comunidad, Juan Parejo, defendió su autonomía respecto la dirección nacional del partido.
A su juicio, Monago, quien consideró que el impuesto de patrimonio es la mejor opción para que las grandes fortunas españolas puedan aportar más, ha demostrado que "tiene identidad propia" y que no es una "marioneta" de Génova, la sede central del PP.
Tampoco se opuso de plano a este impuesto el Gobierno gallego, aunque su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, avanzó que si se restablece tendría que "mejorarse técnicamente".
Tras señalar que prefiere esperar al Consejo de Ministros antes de estudiar el asunto, consideró que el impuesto es "anecdótico" porque con "tanta exención, bonificación, tanta especificidad" se ha ido "desnaturalizando".
El Gobierno cántabro tampoco ha querido adelantar una posición hasta conocer el decreto que aprobará el Ejecutivo central y ver cuál es el papel de las autonomías y su impacto en las cuentas públicas.
Por su parte, el consejero de Economía de Aragón, Francisco Bono, tachó el impuesto de "injusto técnicamente" porque supone una doble imposición, primero por la renta y después por el patrimonio.
En Navarra, donde UPN gobierna en coalición con los socialistas, se estará a la espera de lo que hagan el resto de las comunidades.
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