Violencia. Manifestantes lanzan piedras a los militares en las cercanías de la plaza Tahrir - Reuters

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La violencia tiñó ayer de sangre el proceso de transición electoral en Egipto después de que el centro de El Cairo volviera a ser escenario de una batalla campal, que dejó al menos dos muertos y 220 heridos.

Varios testigos dijeron a Efe que los enfrentamientos se iniciaron de madrugada y se prolongaron durante todo el día entre militares, que protegen la sede del Consejo de Ministros, y manifestantes acampados en la zona.

A lo largo de toda la jornada, los manifestantes y los efectivos apostados en la azotea del edificio gubernamental se lanzaron piedras, sillas y los objetos que tenían a mano, según testigos.

Un activista, que se identificó con el nombre de Walid, dijo a Efe que los manifestantes arrojaron también cócteles molotov contra los soldados y supuestos militares vestidos de civil, que respondieron con cañones de agua.

La Junta Militar, por su parte, culpó de lo sucedido a los participantes en la protesta y negó que las fuerzas de Seguridad hayan agredido a ningún ciudadano o manifestante, en un comunicado emitido anoche.

El origen de los incidentes es confuso, ya que difiere según la parte que se consulte.
Una fuente de los servicios de Seguridad indicó a Efe que los enfrentamientos comenzaron después de que entre los manifestantes acampados junto al edificio del Consejo de Ministros se extendiera el rumor de que uno de ellos, hincha del club de fútbol Al Ahly, había sido detenido y golpeado por agentes del orden.

Walid apuntó al corresponsal Efe que el hincha Abudi Ibrahim Abudi jugaba con una pelota con varios amigos y ésta cayó dentro del recinto de la sede del Consejo de Ministros.

Cuando fue a pedirla a los guardias del lugar, lo arrestaron y le dieron una paliza.
Al poco tiempo, Abudi fue liberado con señales de haber sido golpeado lo que, a juicio de Walid, fue considerado como una provocación por los acampados.

Sin embargo, la Junta Militar egipcia defendió en su nota que todo comenzó cuando un oficial, encargado de supervisar a los efectivos de seguridad desplegados en el Parlamento, adyacente al Consejo de Ministros, fue agredido, con lo que los otros agentes del orden tuvieron que intervenir.