El fiscal general admite que algunas tasas son excesivas

En una entrevista en la cadena SER, Torres-Dulce reconoció ser partidario de la existencia de tasas judiciales "como un elemento para recaudar dinero" con el fin de que el servicio público de la administración de justicia "tenga una vía propia para subvenir sus necesidades" y que no sean "todos los contribuyentes" los que reciban "el impacto".
De hecho, recordó que una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en 2002 estipula que la finalidad recaudatoria de las tasas no debe resultar "ni excesiva ni desproporcionada" ni "impedir el acceso a la jurisdicción, incluido el sistema de recursos".

Aunque, aplaude las exenciones que se han establecido en el nuevo sistema -por ejemplo, en los procesos penales o en lo que afecta a derechos fundamentales-, el fiscal general ha afirmado que "algunas de las tasas, sobre todo en el sistema de recursos (...), deben considerarse porque no se ha aquilatado bien el aspecto excesivo de las mismas".
Al ser preguntado si de esta manera el Gobierno ha dificultado el acceso a la Justicia, Torres-Dulce respondió que "a priori, sin saber exactamente cómo se va a desarrollar" el sistema de tasas o "cómo lo van a interpretar los jueces", considera que "en algunos casos pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la Justicia".

"Probablemente tendremos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces. El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, tendría que pronunciarse. Las cuestiones las firmo yo, seré prudente a este respecto", añadió.
Asimismo, lamentó no haber podido abordar la reforma con el ministro de Justicia antes de que se aprobara. "Nos hubiera gustado dar una opinión, como la dieron el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial", porque "presidimos incluso las comisiones de justicia gratuita", declaró.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, reiteró que no puede opinar sobre un asunto sobre el que ya se pronunció el CGPJ en un informe, -sin mencionar que dicho documento fue muy crítico con las tasas-, en el cual se señalaba que la ley "podía tener problemas en la aplicación en determinados momentos, en determinadas jurisdicciones y con determinadas personas".

No obstante, añadió, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, que el problema es "de proporcionalidad entre los ingresos de una persona y la tasa". Por ello, desde el Consejo se realizará un seguimiento de la aplicación de la ley en los juzgados "para ver si funciona bien o no y ver que medidas se toman".

Para Moliner, "hay que estar a lo que dijo el Tribunal Constitucional", que permitió la posibilidad de que haya tasas, "siempre que no impidan o dificulten gravemente el acceso a la Justicia". Por ello, cree que habrá que ver en cada caso como se ha producido y eso los jueces lo dirán.