El Gobierno quiere tener este viernes encima de la mesa del Consejo de Ministros el informe que ha encargado a la Abogacía del Estado sobre la declaración aprobada por el Parlamento catalán que proclama la "soberanía jurídica y política" del pueblo catalán, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo encargó el pasado viernes a la Abogacía del Estado estudiar de forma "urgente" la citada declaración, viendo su alcance, consecuencias y posibles impugnaciones, de forma que el Gobierno pueda decidir si toma medidas legales.
Las fuentes consultadas han explicado que se trata de ver qué valor jurídico tiene esa declaración soberanista y, en función de esa valoración, se trasladarán al Gobierno posibles respuestas y qué actuación podría seguir.
La opción de llevar el texto del Parlamento catalán al Tribunal Constitucional parece complicada, ya que el Gobierno no quiere que le ocurra lo mismo que le pasó a José María Aznar con el llamado 'plan Ibarretxe' que proclamaba el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y que aprobó el Gobierno vasco el 25 de octubre de 2003.
Pocos días después de que la Mesa del Parlamento vasco abriera su tramitación parlamentaria, sin que hubiera una disposición o resolución, el Gobierno del PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En abril de 2004 el alto tribunal rechazó esa impugnación y autorizó que la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi siguiera su curso argumentando que, uno de los fundamentos del sistema democrático, consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate.
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró el mismo día que se aprobó la declaración en el Parlamento catalán que es "extraordinariamente difícil" presentar un recurso ante el TC porque es un "texto retórico", que no es jurídicamente vinculante y por tanto "sin consecuencias prácticas inmediatas".
Eso sí, añadió que esa declaración se plasmará en el futuro en "normas con consecuencias jurídicas" que sí que serán "impugnables" al Constitucional. En cualquier caso, el Gobierno quiere contar con ese informe de la Abogacía del Estado en el que se apoyará para decidir si toma medidas legales y espera tenerlo encima de la mesa antes del Consejo de Ministros de este viernes.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, manifestó ayer que la Abogacía del Estado "desde su profesionalidad acreditada está elaborando este trabajo y cuando esté terminado será dado a conocer en el Consejo de Ministros".
PP catalán
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, asegura que CiU alienta el proceso hacia la independencia para poder "controlarlo todo, el Parlamento y la Justicia", y vaticina que en una Cataluña independiente no existiría la división de poderes.
"Con el Estado propio quieren que no exista separación de poderes ni control democrático sobre el Gobierno. Pretenden controlarlo todo", ha afirmado en rueda de prensa, en la que ha subrayado que crecen los casos de presunta corrupción que apuntan a CiU.
La dirigente popular ha sostenido que "los gobiernos de CiU son enemigos de la transparencia", y que el principal objetivo de la federación es el intervencionismo para tenerlo todo bajo control. "Su falso 'derecho a decidir' se resume en el control de todos los poderes de Cataluña", ha continuado Camacho, y ha reclamado que CiU no se esconda tras la 'senyera' para ocultar los casos de presunta corrupción que le afectan.
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