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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto de medidas urgentes para evitar un nuevo incremento de la factura eléctrica, una reforma que conllevará recortes a la retribución de las actividades reguladas y cambios en las primas a las renovables y con la que se prevé ahorrar entre 600 y 800 millones.

Además, se remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial (renovables y cogeneración), con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.

El crédito será otorgado al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley, ha explicado el ministro del ramo, José Manuel Soria, quien aseguró que el Gobierno mantiene el objetivo de déficit de tarifa "cero" para 2013.

"El objetivo es que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas", dijo Soria, quien explicó que la parte del crédito que se use computará como déficit público.

El real decreto ley, apuntó incluye dos medidas de carácter regulatorio.

La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: transporte, distribución, sistemas extrapeninulares y primas al régimen especial.

Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC mientras que "a partir de hoy", según Soria, se hará en base a la inflación subyacente -aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos- y "a precios constantes" para evitar la repercusión de los impuestos indirectos mayores.

El segundo de los cambios, con el que se prevén ahorros de entre 250 y 500 millones de euros, afecta al real decreto 661 de 2007 que permitía a los productores del régimen especial elegir en todo momento entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.

La industria fotovoltaica rechaza la nueva reforma eléctrica del Gobierno porque "empeora una situación ya dramática" para el sector.