El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la impugnación por el Gobierno del acuerdo del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero, fecha en la que "aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña". Pese a suspenderse la declaración de soberanía, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, piensa seguir con su hoja de ruta.
La resolución produce la suspensión de esta declaración de la cámara catalana durante al menos cinco meses, al aplicarse el artículo 161.2 de la Constitución, que fue invocado por el Gobierno a la hora de presentar su recurso el pasado 8 de marzo.
Se trata de la primera ocasión en la que el tribunal de garantías deja en suspenso un acuerdo de un parlamento autonómico, según han señalado fuentes jurídicas.
Según el mencionado artículo, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante cinco meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
En la providencia del Constitucional, que tiene fecha del martes, se da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidencia, al objeto de que en el plazo de veinte días "aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes".
Según los Servicios Jurídicos del Estado, la declaración es "un desafío abierto contra la Constitución y especialmente contra una de sus cláusulas capitales, la del artículo 1.2", ya que sólo una declaración soberana del pueblo español puede reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña.
Tras conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, certificó que el Govern no congelará su hoja de ruta hacia una consulta de autodeterminación.
"Seguiremos el camino trazado. Y de esto no debe haber ninguna duda", sostuvo en rueda de prensa desde el Parlament, y añadió que dar marcha atrás sería una deslealtad hacia los catalanes y lo que expresaron en las elecciones autonómicas de noviembre.
Pese a los obstáculos, tanto del TC como del Estado, a los anhelos de la población catalana, el Gobierno catalán quiere mantener una actitud de cooperación y acuerdo con el Gobierno central, y aseguró que "hagan lo que hagan, el diálogo no se abortará".
El Parlamento catalán respaldó ayer por mayoría (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) y con la ausencia del PP, la creación de una comisión parlamentaria sobre el derecho a decidir.
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