La reforma garantizará la enseñanza en castellano

En respuesta a una pregunta del diputado socialista Francesc Vallès en el Congreso, el ministro reconoció que el Consejo de Estado ha manifestado una "reserva de carácter procedimental, no sustancial" respecto a la fórmula de que las comunidades costeen un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no puedan en colegios públicos ni concertados.

Subrayó que en esas observaciones se reconoce con claridad que es preciso que la ley garantice el derecho a que el castellano tenga también la posibilidad de ser utilizado como lengua vehicular, cuando así sea solicitado".

"Se trata simplemente de eso, en modo alguno se trata de imponer una exclusividad del castellano, ni siquiera de poner en cuestión el sistema básico", afirmó.

Wert precisó que el equipo ministerial está buscando la solución más eficaz a esa reserva, abierta a una fórmula de "mutua satisfacción", y en la que la comunidad educativa pueda estar de acuerdo, según respondió a una interpelación del diputado de CiU Martí Barberá.
También comentó el ministro que las lenguas cooficiales, que serán de libre configuración autonómica, tendrán el mismo tratamiento en la práctica que las asignaturas troncales.
Según el parlamentario de CiU, la intención del PP es "recentralizar e invadir competencias una y otra vez" y la de "cambiar el modelo de inmersión lingüística de Cataluña".

Vallès, por su parte, replicó al ministro que la idea de escolarizar en centros privados a alumnos que deseen aprender en castellano es un "despropósito" y una "barbaridad" con la que "pretende cargarse la convivencia lingüística en Cataluña", y le dijo que debería "dimitir" por el varapalo que, a su juicio, le dio del Consejo de Estado.

En respuesta a otra interpelación, esta vez del diputado socialista Mario Bedera, el ministro opinó que la Lomce recibe del Consejo de Estado una valoración "esencialmente aprobatoria", al margen de que contenga tanto "juicios de legalidad como de oportunidad".

Según el ministro, el dictamen "no cuestiona" el marco competencial de la evaluaciones al final de etapa ni que el Estado se preocupe por que esas pruebas mantengan "cierta homogeneidad" en todo el país.