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El Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros.

Así figura en el anteproyecto de la ley de emprendedores que recoge que también recibirán el permiso de residencia los foráneos que hagan una inversión significativa o destinada a proyectos empresariales de interés general, como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica.

También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.

Por último, se dará este permiso a los extranjeros que se desplacen a España dentro de una relación laboral o por motivos de formación profesional.

Entre las medidas fiscales del anteproyecto está el nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas.

Los sujetos pasivos verán retardada la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que se efectúen su pago a los proveedores.

Los empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10 % de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se vuelvan a invertir en la actividad económica.

También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20 % en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa nueva con un máximo de 20.000 euros anuales.

Licitaciones
Asimismo, se han incrementado los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos.

Además, los autónomos no tendrán que responder con su vivienda habitual -si ésta no supera los 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial, al constituirse la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, frente a la situación actual que obliga a responder con todos sus bienes por las deudas empresariales.

La ley también establece el mecanismo de "la segunda oportunidad" que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.

Así, los empresarios podrán obtener una quita en la deuda de hasta el 25 % y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.