La Comisión Europea propuso ayer ampliar al 6,5 por ciento el margen de déficit para España este año, dos décimas más (equivalentes a unos 2.000 millones de euros) que el 6,3 por ciento que había pedido el Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo vigente es del 4,5 por ciento. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha dicho que va a repartir las dos décimas extra de déficit, y ha visto "lógico" que una sea para las CCAA. A cambio, la Comisión Europea pide a España concluir la reforma de las pensiones con el diseño del factor de sostenibilidad antes de que acabe el año y con el objetivo de que la edad de jubilación siga aumentando en función de la esperanza de vida. Bruselas reclama además al Gobierno de Mariano Rajoy que considere, como muy tarde en septiembre de 2013, si es necesario introducir cambios a la reforma laboral.
El Ejecutivo comunitario ha confirmado, además, la prórroga de dos años, hasta 2016, para que España reduzca el déficit por debajo del umbral del 3 por ciento que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación es que el Gobierno de Rajoy ha cumplido los ajustes estructurales exigidos en 2012 y que la situación económica ha empeorado.
Con esta relajación del déficit, los nuevos objetivos serán del 6,5 por ciento para este año, el 5,8 por ciento en 2014, el 4,2 por ciento en 2015 y el 2,8 por ciento en 2016. Ello significa, según la Comisión, que el esfuerzo estructural deberá ser del 1,1 por ciento del PIB este año, del 0,8 por ciento en 2014, del 0,8 por ciento en 2015 y del 1,2 por ciento en 2016.
Para este año, Bruselas no pide a España nuevos ajustes, sino sólo "aplicar las medidas adoptadas en los planes presupuestarios de 2013 en todos los niveles del Estado" y "estar preparada para tomar medidas correctivas en caso de que se produzcan desviaciones con respecto a los planes presupuestarios".
Además, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno que ponga en marcha el nuevo Consejo Fiscal Independiente antes de finales de 2013, así como mejorar la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto de las comunidades autónomas.
Las propuestas de Bruselas deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de junio, y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a finales de ese mes.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que repartirá este nuevo margen entre las diferentes administraciones de forma equitativa, y ha admitido que las distribución "más lógica" es la que supondría un déficit del 1,3 para las autonomías, es decir, concederles la mitad de ese margen.
Exigencias
La Comisión ha pedido a España concluir la reforma de las pensiones con el diseño del factor de sostenibilidad antes de que acabe el año y con el objetivo de que la edad de jubilación siga aumentando en función de la esperanza de vida. Bruselas reclama además al Gobierno de Mariano Rajoy que considere, como muy tarde en septiembre de 2013, si es necesario introducir cambios a la reforma laboral.
El Ejecutivo comunitario ha decidido no lanzar un expediente sancionador contra España por desequilibrios excesivos por considerar que ha presentado un programa de reformas "convincente", según ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Pero a cambio ha fijado un calendario acelerado para las medidas ya previstas por el Gobierno.
En cuanto a la reforma de las pensiones, la Comisión pide "culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida".
En materia fiscal, Bruselas reclama una "revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014". En esta revisión debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el IVA reducido del 10% al 21%. El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá además que "adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes".
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