El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece en la sentencia en la que confirma la condena a España por aplicar la 'doctrina Parot' a la etarra Inés del Río que la recurrente no pudo «prever» el «giro jurisprudencial» que el Tribunal Supremo adoptó en febrero de 2006 ni que iba a suponer «un aplazamiento de casi nueve años en la fecha de su puesta en libertad, desde el 2 de julio de 2008 hasta el 27 de junio de 2017».
La Gran Sala, que confirma la indemnización de 30.000 euros por daños morales y de 1.500 por costas judiciales que le impuso la Sección Tercera el 10 de julio de 2012, considera que la etarra cumplió «una pena de prisión de una duración superior» a la que debía habérsele aplicado según el ordenamiento jurídico español que estaba en vigor cuando fue condenada, por lo que compete a las autoridades españolas «asegurar su puesta en libertad de la manera más breve posible».
En la sentencia, el TEDH estima por 15 votos contra dos que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que «no hay pena sin ley» que la avale, y por 16 votos contra uno que contravino el artículo 5, que recoge «el derecho a la libertad y la seguridad» de los ciudadanos.
Tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España, el Gobierno afirmó que corresponde a la Audiencia Nacional decidir el modo de aplicar ese fallo y si afecta a otros etarras que continúan en prisión por la aplicación de esa doctrina. En cualquier caso, advirtió de que las posibles excarcelaciones de terroristas que se vayan a producir como consecuencia de ello «en ningún caso» van a suponer «impunidad», por lo que el Ejecutivo velará porque no sean recibidos como «héroes». Por su parte, el Gobierno vasco instó al central a establecer una nueva política penitenciaria.
Así lo declararon los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón,en rueda de prensa para valorar la sentencia del tribunal europeo. Ruiz-Gallardón subrayó que «es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia».
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