Nuevas medidas económicas para los sectores de la construcción, la cultura y las empresas

• Créditos ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros. Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha explicado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, dando respuesta así a las quejas de algunas empresas que denunciaban ciertas cuestiones. «Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando algunas cuestiones», ha precisado.

Este tercer tramo de la línea ICO está destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas.

De esta manera, de los 60.000 millones aprobados en los tres tramos movilizados por parte del Gobierno, se reservarán 40.000 millones para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas.

En esta tercera línea de garantías, el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar el 50% de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.

Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.

El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Hasta el momento, se han avalado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, lo que ha implicado unas garantías públicas de 27.500 millones de euros y una inyección de 36.190 millones de euros al sector.

• 4.500 millones para el MARF Y CERSA

El Gobierno ha habilitado una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF).

Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada recientemente, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.

Montero ha subrayado que unas de las condiciones necesarias para acceder a los avales del ICO en el MARF es que las empresas tengan sede social en España, con el fin de evitar que puedan acogerse compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.

Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).

• Cultura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por el que se destinan alrededor de 76 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluye también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas, que podrán estrenarse en plataformas, o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos.

El Ejecutivo ha habilitado un «acceso extraordinario» a la prestación por desempleo para los trabajadores de la cultura, que «por su intermitencia no habían quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha», y que afectará al 45 por ciento de los contratos de trabajo del sector artístico de «carácter intermitente», como es el caso de una «actriz de teatro» o de un «técnico cinematográfico». La duración de la prestación será de un máximo de 180 días y será incompatible con otras rentas de la Administración.

Por otro lado, el Gobierno dota con 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, con el fin de facilitar la financiación de las pymes del sector cultural, de los cuales más de 3,7 millones están destinados a pagar costes de avales de las empresas culturales, mientras que más de 16,2 millones estarán destinados al «fondo de provisiones técnicas».

Asimismo, este Real Decreto-ley pretende incentivar la participación ciudadana, por lo que eleva en cinco puntos los porcentajes de deducción previstos: hasta el 80% para los primeros 150 euros y al 35% en lo que exceda esa cantidad, si bien este porcentaje se eleva al 40 por ciento si en los dos ejercicios se han realizado donaciones por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad.

Por otro lado, esta norma contempla el abono de los gastos subvencionables realizados, cuando los proyectos o actividades no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, a causa de la Covid-19, y facilita el anticipo e indemnizaciones en los casos de aplazamiento o cancelación de las actuaciones contratadas con el sector público, para contratos que no excedan los 50.000 euros. Asimismo, y se anticipa así hasta un 30 por ciento del importe de los contratos de interpretación artística, en caso de suspensión; y se acuerda una indemnización a favor del contratista entre el tres y el seis por ciento del precio del contrato.

Cines
Este Real Decreto-ley incluye varias medidas destinadas al sector cinematográfico, entre las que destaca la flexibilización de los cumplimientos de los requisitos para obtener ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes y evitar los «incumplimientos en cadena». Además, y para generar liquidez en las productoras que han recibido ayudas, se les adelantará el pago de parte de la ayuda otorgada antes de que inicien el rodaje y se permitirá que entre los gastos subvencionables se incluyan aquellos directamente vinculados con el impacto de la crisis. Del mismo modo, esta norma contempla una «exención temporal de la obligación de estreno comercial en salas de cine» para las películas que optan a las ayudas.

En esta línea, el Gobierno también incluye una nueva línea de ayudas con la creación de un Crédito Extraordinario por importe de 13,2 millones de euros para la concesión directa de subvenciones a los titulares de salas de exhibición cinematográfica independientes, para paliar los gastos derivados de la Covid-19 en su reapertura.

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Además, el sector cinematográfico también se beneficiará de un «incremento de los incentivos fiscales» relacionados con la producción cinematográfica de largometrajes y cortometrajes, que incluyen una deducción del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción, constituida por el total de la producción así como por los gastos de obtención de copias y de publicidad; y la deducción del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. Asimismo, en el caso de las producciones internacionales, se reduce el límite de un millón de euros a 200.000 euros para el caso de producciones de animación y procesos de efectos especiales digitales; y se amplía el porcentaje de máximos de ayudas para cubrir producciones de realizadores noveles.

Artes escénicas y música
Por otro lado, este Real Decreto-ley incluye un sistema de ayudas extraordinarias por importe de 38,2 millones de euros dirigido específicamente al sector de las artes escénicas y de la música, que se concederán por una sola vez y a través de «régimen de concurrencia» a través de dos líneas: al sostenimiento de las estructuras culturales de toda índole y a las actividades escénicas y musicales y proyectos culturales.

En el sector del libro, el Gobierno destinará cuatro millones de euros en ayudas para librerías independientes, mientras que en el ámbito de las bellas artes se incorporan ayudas extraordinarias por valor de un millón de euros para la Promoción del Arte Contemporáneo, y en concreto para el desarrollo de proyectos de innovación digital que fomenten la difusión de las artes visuales, la creación artística, la comunicación, la difusión internacional y la adquisición de arte contemporáneo español.

Asimismo, el Ejecutivo permitirá que las entidades de gestión colectiva de derechos de autor incrementen el porcentaje que destinan a acción asistencial y, durante dos años, las asambleas generales podrán aumentar el porcentaje de los recursos procedentes de derechos huérfanos a la realización de actividades asistenciales, en beneficio de sus miembros más vulnerables.

Por último, se incluye también el incentivo de la inversión privada en estos eventos declarados «Acontecimientos de Excepcional Interés Público": el Plan Berlanga, puesto en marcha con ocasión del centenario del nacimiento del cineasta; la salida de la vuelta al Mundo a Vela en Alicante; y la participación de España como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021.

• Refundido de la Ley Concursal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto legislativo, tras la habilitación otorgada por las Cortes al Ejecutivo para refundir en un solo texto las 28 modificaciones de la Ley Concursal con el fin de otorgar seguridad jurídica y clarificar la norma, y servirán de base para incorporar modificaciones en materia de transposición de directivas y reformas normativas derivadas del impacto económico de la pandemia.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que desde la aprobación de la ley en 2003 habría sufrido 28 modificaciones que recogían adaptaciones a la crisis económica de 2008.

Montero ha indicado que había «abundante» normativa de la Unión Europea en materia concursal y un «prolijo» desarrollo de la misma que «obligaba a plantear el decreto legislativo», ya que los cambios en la ley, sin ser armonizada, habían provocado «cierta falta de seguridad jurídica» por la alteración sistemática del texto.

Además, ha añadido, se habían generado «problemas interpretativos» que habían dado lugar a procedimientos judiciales diferentes para a tenderlos.

Por ello, con el cargo de las Cortes de refundir y clarificar la legislación concursal, se ha aprobado un real decreto «fruto de un largo y meticuloso trabajo, cumpliendo el mandato recibido y presentando un texto claro».

La portavoz del Gobierno ha indicado que este nuevo texto servirá de «base» para incorporar en un «futuro inmediato» modificaciones en materia de transposición de directivas y otras reformas normativas que se pudieran precisar a tenor de las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19.

El texto refundido del decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

• Licitación de obra pública

El Gobierno ha acordado retomar la licitación de obra pública tras levantar la suspensión a este tipo de procedimientos que se incluyó en el Decreto del pasado 14 de marzo por el que se estableció el estado de alarma en el país.

De esta forma, el Ejecutivo vuelve a promover obras públicas casi dos meses después de paralizar los trabajos que no estuvieran justificados.

«El Gobierno ha acordado que se levante la suspensión que se estableció en el Decreto del estado de alarma para que se pueda volver a licitar obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento», anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

«Además, se permite que las administraciones puedan realizar anticipos de los contratos que se han suspendido por la emergencia sanitaria, una medida que beneficiará a un muy importante número de proveedores del sector público», añadió la también ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El reinicio de la licitación de obras públicas se enmarca en el objetivo que el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, se ha marcado para erigir a la construcción en una de las palancas de la recuperación económica.

Asimismo, ha asegurado que «intentará» no paralizar obras de infraestructuras «estratégicas» y que estén «próximas a su conclusión» a consecuencia de la crisis, si bien apunta a la posibilidad de revisar los plazos de ejecución de otras.

No obstante, el sector de la obra pública ya saldó con un desplome del 32,2% el primer trimestre del año, si bien apenas el periodo comprende quince días de paralización del sector.

En concreto, las distintas administraciones públicas lanzaron contratos de obras entre enero y marzo por un importe de 3.436 millones de euros, lo que implica un recorte de unos 1.640 millones en relación a un año antes, según los datos de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan.

De esta forma, la licitación de obra rompió la tendencia de crecimiento que venía registrando, toda vez que al cierre de 2019 encadenó tres ejercicios consecutivos al alza y marcó un máximo desde 2010 con un volumen de 18.544 millones de euros.