Una imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas. Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado que esa proposición será presentada este viernes por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja.

El jefe del Ejecutivo ha defendido las decisiones «valientes y audaces» que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará este viernes para homologar el Código Penal, ha dicho, a las principales democracias europeas. El delito de sedición, que ha recordado que fue redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de «desórdenes públicos agravados», lo que considera «un paso definitivo» para la modernización de estos tipos delictivos.

Sánchez ha negado que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado y ha recordado que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Pero en las últimas semanas ha dicho que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación. Ha asegurado que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española.

«Los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no ya como delito de sedición, sino como una nueva tipología de delito que se llama desórdenes públicos agravados», ha recalcado. Sánchez ha negado que con esta reforma el Estado vaya a ser más débil y ha insistido en que va a haber penas por delitos como el de sedición con penas homologables a las de otros países europeos. Sí ha destacado que puede ser una medida para seguir distendiendo la situación en Cataluña, que ha considerado que hoy está «infinitamente mejor» que hace cuatro o cinco años.

Noticias relacionadas

El presidente del Gobierno ha recordado el apoyo que dio al Ejecutivo de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución y ha llegado a defender que tendría que haberse aplicado el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión. A diferencia de lo que ocurría entonces y de esa situación «heredada», ha subrayado que hoy se cumple la Constitución en Cataluña, el independentismo ya no está entre las principales preocupaciones y la mayoría de la sociedad catalana es favorable a permanecer en España.

Ante la respuesta que dará el PP a la medida anunciada sobre la sedición, ha dicho que este partido sólo pone «excusas» y es evidente con su actitud que «el virus del trumpismo y el bolsonarismo circula en España» y se «envenena la convivencia». «Estamos viendo declaraciones que se descalifican por sí solas», ha añadido en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citarla expresamente. Sánchez ha lamentado también que el PP no cumpla la Constitución y siga bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero ha asegurado que, pese a ello, no va a cambiar las mayorías para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces «porque no solucionaría nada y se entraría en una dinámica muy parecida en la que está el PP».

Sánchez había venido defendiendo desde el inicio de la legislatura una reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición, que llegan en la actualidad hasta los quince años, y adecuarlas a las de otros países europeos. Sin embargo, había explicado que no presentaba la propuesta de reforma porque no contaba con apoyos suficientes para que saliera adelante, ya que un partido clave como ERC no había adelantado su respaldo.

Ahora el presidente del Gobierno ha decidido dar ese paso quince días después de que el Partido Popular rompiera las negociaciones para la renovación del CGPJ argumentando precisamente que el Ejecutivo renunciaba por escrito a su pretensión de reformar las penas para el delito de sedición. Pero Sánchez dijo que el PP no podía poner condiciones para cumplir la Constitución y mantuvo su compromiso de modificación del Código Penal aunque sin poner fecha concreta.