La ministra Pilar Llop,    en la Delegación del Gobierno.  | Teresa Ayuga

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973) realizó una visita cargada a Mallorca esta semana con el anuncio estrella de tener los terrenos para un nuevo edificio judicial en Palma. El día antes pasó por Inca y presidió el acto de entrega de las medallas de la Orden de San Raimundo de Peñafort. La entrevista tuvo lugar tras ese acto. Llop comenta que le ha gustado el discurso del ex teniente fiscal, Ladislao Roig: «Se ha referido al Derecho como ese instrumento de transformación social y que la pena es que la parte del derecho que más está en uso es el derecho penal. Cuestiones de convivencia    no deberían acudir al penal para su solución».

¿Es lo que ha pasado con la ley del ‘solo sí es sí’?
—La ley del solo sí es sí es una buena ley. Su finalidad es la protección de las víctimas y establece multitud de medidas, también las reforma del Código Penal, pero también tiene una parte importante que son las medidas sociales de apoyo y atención a las víctimas, como el resarcimiento social, que pretende que sepa que está acompañada, que incluyen indemnizaciones cuando la víctima ha tenido que cambiar su proyecto de vida. Supone un paso de gigante en el ámbito protector.

¿Se ha venido abajo ese mensaje con la revisión de condenas?
—Este gobierno, por motivos de política criminal entiende que era necesario cambiar el modelo. Ir a un sistema unificado de conductas que aglutine en un solo delito lo que antes era el abuso sexual y agresiones con violencia se aglutinan como un solo delito. Eso lo que ha hecho ha sido ampliar el arco penológico. Se basa en el consentimiento que no puede presumirse, debe ser explícito, tácito o expreso, pero nunca debe presuponerse en un acto sexual. Hay algo muy positivo que ha hecho esta ley.   

¿Qué ha ocurrido entonces?
—Que en la fase de revisión ha habido distintos criterios interpretativos, lógicamente esta ley siempre se ha pensado para proteger a las víctimas y, a efectos de transitoriedad, se pensó que si la pena era una pena oportuna y aplicable, como ha dicho el Supremo en otras resoluciones, no da lugar a una revisión. Estamos esperando el criterio del Supremo del ‘caso Arandina’. Todavía no se ha publicado la sentencia redactada para estudiarla detenidamente y ver cuáles han sido los fundamentos jurídicos.

¿Si hay una revisión generalizada de condenas se revisará la ley?
—Es que apunta ya el propio Tribunal Supremo que no va a haber una revisión generalizada, que hay que ir caso por caso. También lo apuntó la Fiscalía. No voy a entrar en hipótesis, vamos a esperar a que esté la resolución y vamos a estudiarla.

¿Se ha desconcertado a la ciudadanía?
—Siempre que hay criterios interpretativos distintos en las audiencias o con los juristas en cuestiones tan sensibles como esta, lógicamente despiertan interés por parte de la sociedad y me siento responsable también en este sentido porque es una ley del gobierno y porque abordar la violencia sexual de una manera integral no se había hecho nunca.

¿Se siente cómoda con las críticas duras del Gobierno a los jueces?
—Una a la política no viene para estar cómoda. He sido magistrada,    sido letrada del gabinete técnico del CGPJ y conozco muy bien cómo es la formación de los jueces.    Nunca se puede relajar la exigencia formativa en materia de género. Es muy importante conocer cuáles son los estereotipos sexistas que impiden abordar correctamente los asuntos en una materia tan compleja como la violencia de género o la violencia sexual. Me refiero a estereotipos muy persistentes en toda la sociedad que pueden actuar en el ámbito judicial porque formamos parte de la sociedad y no se nace con perspectiva de género. Cuando una mujer va a una comisaría o un juzgado. Hay que saber que una víctima de una agresión no tiene por qué estar llorando o tener lesiones porque el miedo paralizante también es un elemento del delito, que no tiene que estar destrozada al declarar… Parece que la mujer tiene que estar así para valorar su credibilidad y    no es así. Saber eso es destruir un estereotipo y es lo que se hace en formación.

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¿Cómo surge el nuevo edificio judicial para Palma?
—Vine hace meses, al principio de ser nombrada hice una visita institucional y fui a Eivissa. Tuve una reunión muy interesante con el presidnete del TSJIB, con Carlos Gómez, que me planteó que había una falta de espacio en las sedes judiciales pero también para encontrar terrenos para encontrar un suelo para un nuevo edificio. Hemos estado un año y medio buscando opciones. Para mí es muy importante    concentrar sedes judiciales que están dispersas por los ciudadanos, que no hagan esos peregrinajes por las calles de una ciudad.    Hemos ido a Inca a anunciar un acuerdo para adquirir uno de los edificios donde se albergan juzgados, con una inversión de 1,8 millones de euros y ahora traigo buenas noticias para la ciudad de Palma.

¿Y mientras tanto? Porque los juzgados creados en 2021 no se han abierto por falta de espacio.
—Se van a ubicar en sa Gerreria. Me encantaría ser lo más ambiciosa posible pero realmente es una ciudad que tiene problemas en cuanto a la posibilidad de adquirir estructuras físicas para ubicar juzgados que tienen particularidades muy distintas a otro tipo de servicios: hay personas detenidas, personas víctimas... No pueden estar en cualquier sitio.

Hay juzgados en Palma que señalan para junio de 2025, no parece algo asumible.
—Cierto. Es verdad que los juzgados, no solo en esta ciudad están teniendo una gran carga de trabajo. Precisamente por eso estamos trabajando. Vamos a poner en marcha ese nuevo juzgado de lo Contencioso. Están previstas en los presupuestos setenta nuevas unidades judiciales pero hay que negociar con las comunidades con competencia y hablar con el CGPJ, que es un órgano que nos acompaña en la decisión de donde ubicar juzgados. Otra cosa importante es que estamos ya ultimando las leyes de eficiencia. Incluyen un cambio en la estructura de los juzgados. Ya no serán unipersonales en los que hay un juez y un fiscal y un número de funcionarios solo para ese juzgado. Será una gran oficina judicial que servirá a un tribunal de instancia. También hay una apuesta por la digitalización.

Pues los funcionarios se quejan de los fallos del sistema informático...
—Lógicamente es tan grande el proyecto que estamos abordando que    siempre va a haber algún fallo.    Van a venir aproximadamente nueve millones a Balears para el proceso digitalizador. Entiendo que hay reivindicaciones muy legítimas pero tenemos que apoyar para que este proyecto pueda salir. La Justicia no puede quedarse atrás, si renuncia a la digitalización renuncia a su futuro.

Hay problemas para completar las plantillas    por la insularidad...
—Nosotros hemos logrado un acuerdo muy importante y fue la equiparación de los salarios de funcionarios de territorio ministerio a la media de las comunidades.Es verdad que Baleares tiene sus propias singularidades pero tendremos que seguir avanzando en esa línea.

¿Y subir el complemento de insularidad al nivel de Canarias?
—Canarias es territorio con las competencias transferidas. El complemento de insularidad afecta a toda la función pública, no solo a Justicia, pero soy sensible.

¿El modelo de elección del Consejo es intocable?
—Hay distintos modelos en toda Europa y ninguno es perfecto. Todos tienen su ‘gateras’, sus brechas. Lo hemos visto con este que era estupendo, un gran modelo que demostraba que en España la justicia realmente es un poder de la ciudadanía. No es de los jueces, es de los ciudadanos. Los jueces, según la constitución lo administran, pero el poder no es de los jueces. Pero ha habido una brecha aquí, que ha sido una cosa en la que el legislador constitucional no pudo pensar que es la deslealtad con la Constitución, que el paritido mayoritario de la oposición no sea leal con la constitución y no la cumpla ha provocado ese bloqueo. El Partido Popular ha decidido no hacerlo desde hace cuatro años hasta el punto sin precedentes en nuestro país que el presidente del Poder Judicial y el Supremo se ha visto obligado a dimitir. Me preocupa mucho porque nos genera un desprestigio institucional que no tiene magnitud y un desprestigio internacional sin precedentes. Se desprecia internacionalmente el modelo porque el PP lo ha pervertido. Eso sí, no vamos a renunciar ni un solo día a cumplir con la Constitución.