El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute (i), y la diputada de ERC Pilar Vallugera (d) ofrecen una rueda de prensa conjunta. | Efe - SERGIO PÉREZ

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La nueva Ley de Vivienda, paralizada en el Congreso desde hace más de un año y que ahora podría entrar en vigor el mes que viene, se desencalló el lunes de Pascua, día festivo en Cataluña, cuando ERC recibió una llamada que no esperaba avanzando que había «indicios» claros de que se iba a cerrar un acuerdo. ¿Qué ha pasado políticamente hablando?, le han preguntado los periodistas a los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Oskar Matute en la rueda de prensa en la que han explicado los detalles de la nueva ley que topará los precios de los alquileres a grandes y pequeños propietarios.

«Planteamos los topes del 2 % y del 3 % y los aceptaron, pero luego se echaron atrás, y este era uno de los elementos por los que no pasábamos... y durante la Semana Santa se desbloqueó», ha señalado la diputada republicana tras reconocer que han sido meses de negociaciones discretas pero de tensión. Y es que tras conocerse que recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se han implicado directamente en las conversaciones, el lunes 11 de abril, festivo en Cataluña para celebrar la tradicional mona de Pascua, los negociadores de ERC fueron informados por teléfono de que el acuerdo llegaba al día siguiente.

Habían pasado meses de avances y retrocesos, según informaban fuentes socialistas o de Unidas Podemos, e incluso recientemente algunos dirigentes morados habían alertado de que la ley podría no salir y la formación quiso darle un empujón registrando la proposición de ley que facilitaba el cambio de hipoteca variable a fija de forma gratuita.

Pero finalmente, se salvó el principal escollo, que era el tope del alquiler del 3 % para 2024 y la creación de un índice de referencia diferente del IPC para 2025 y que el Ministerio de Economía no veía claro al principio. Aunque fuentes de ERC y Bildu han señalado que en ningún momento sus partidos negociaron directamente con el ministerio de Nadia Calviño.

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«Hemos interlocutado directamente con el ministerio de Transportes y hemos informado periódicamente al ministerio de Derechos Sociales. Esos son los canales de información que hemos mantenido desde el primer día hasta ayer», ha puntualizado el diputado de Bildu Oskar Matute que afirma que si el proyecto de ley fue aprobado por todos los miembros del Consejo de Ministros ahora también deberían refrendarlo sin problemas.

De hecho fuentes de ERC y Bildu creen que la nueva ley podría ser aprobada en el Congreso en un plazo de dos semanas, que podría ser en el pleno del 11 de mayo, para que su tramitación pasara al Senado y estuviera definitivamente en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

«La interlocución ha sido constante y fluida», destacan, no obstante, desde ERC y Bildu que no ven malestar en Podemos por haber sido sus formaciones las que han dado cuenta del acuerdo. «No tenemos indicación de que haya ningún tipo de malestar o queja, no hemos detectado divergencias ni desmarques en el seno del gobierno de coalición», ha zanjado Matute.

La pretensión es aprobar la ley cuanto antes y que no se despisten los que «ahora están en mítines u otros espacios», afirman fuentes de los independentistas vascos, que avisan de que todos tendrán que «empujar» la ley. Además, advierten de que no se lo han puesto fácil a los partidos de la oposición que quieran interponer recursos de inconstitucional, que por cierto, ya presagian.