El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha llamado a declarar como imputado este miércoles al empresario Juan Carlos Cueto, uno de los principales investigados en esta trama de corrupción de cobro de comisiones ilegales derivadas de la compra de mascarillas en plena pandemia.
El magistrado de la Audiencia Nacional le ha citado a las 9:30 horas al encontrarse Cueto la semana pasada fuera de España cuando se practicaron las 20 detenciones en la Operación Delorme, entre ellas la de Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Cueto, que tiene aún pendiente un procedimiento en la Audiencia Nacional por el caso Defex, era la persona que supuestamente controlaba la estructura de la sociedad Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos investigados por un total de 54 millones de euros, junto a otro de los presuntos cabecillas de la trama, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama.
En una conversación captada por la UCO de la Guardia Civil, el pasado 4 de diciembre, Cueto y otro de los empresarios vinculado a Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, hablan de «un favor» que le habría pedido Koldo García y su «exjefe», sin especificar de quién se trata, pero que se cree que podría aludir al exministro José Luis Ábalos. «Esto es un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio», comentaron.
Según la querella de la Fiscalía, que ha dado lugar a este procedimiento, Soluciones de Gestión era propiedad de Rotaeche y estaba administrada por José Ángel Escorial, si bien la sociedad realmente estaba controlada por el Grupo Cueto, a cuyo frente estaría Juan Carlos Cueto. A raíz de ser investigado en el caso Defex, Cueto dejó de figurar en los órganos sociales de las mercantiles de este grupo. «Sin embargo, tal y como se indica en el informe policial, la participación de este en la actividad empresarial no habría cesado», sostiene la Fiscalía.
Esta empresa fue constituida en 2017, y tras un periodo de inactividad entre 2018 y 2019, fue adjudicataria en 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia por una cuantía total de 54 millones de euros. Se calcula que consiguió unos beneficios del 32 % de los fondos obtenidos. Anticorrupción considera que fue utilizada de forma instrumental en un proyecto común de Cueto y Aldama, quienes, a pesar de no figurar documentalmente, habrían sido los responsables de hecho de estos contratos, percibiendo sus empresas un total de 6.712.110,66 y 5.119.907 euros, respectivamente.
Los indicios apuntan a que fue Koldo García quien facilitó la información sobre los procesos de adjudicación que partieron del Ministerio de Transportes a Aldama, al que conocía, al menos, desde diciembre de 2018. En febrero de 2019 los dos coincidieron en un viaje oficial de Ábalos a México. La Fiscalía cree que parte de esos fondos públicos obtenidos fueron invertidos en la puesta en marcha del «negocio de las pizarras» a través de Pizarras Santa Bárbara, adquirida por Soluciones de Gestión y de la que Aldama se hizo con parte de su titularidad, según se deduce del análisis de los movimientos de las cuentas bancarias.
Durante la investigación, agentes de la UCO de la Guardia Civil detectaron el vínculo que unía a Koldo García con Cueto por los encuentros que mantuvieron. Uno fue el 15 de febrero de 2023 en una marisquería de Madrid, donde Cueto y Koldo García hablaron de una inspección de Hacienda abierta a Aldama por intermediar en los contratos investigados.
A los investigadores les llamó la atención que esa inspección de Hacienda motivase esa reunión de ambos pese a no tener ninguna vinculación societaria. Cueto tiene también pendiente en la Audiencia Nacional un procedimiento del caso Defex, la antigua empresa pública de suministro de material de defensa, por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el Gobierno de Angola. Por estos hechos, la Fiscalía le reclama 32 años de cárcel y el pago de 13,5 millones a Hacienda y otros 31,2 millones a Defex.
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Ardo en deseos de conocer cómo termina el asunto del los ciento treinta millones de euros que la Koldosfera tiene “escondidos” en Luxemburgo. De los millones que tiene en Brasil se tardaremos un poco más en saberlo. ¡Pero, como decía el otro, todo se andará!