El PSOE intenta retomar la vivienda como activo electoral pero Sumar le exige ir más allá de medidas estéticas

El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó una promoción de vivienda protegida en Dos Hermanas (Sevilla), donde anunció la supresión de las golden visa, el permiso de residencia para extranjeros por la inversión de 500.000 millones de euros o más en vivienda, con el objetivo de luchar contra la especulación inmobiliaria. Se trata de una medida muy simbólica que ya venía reclamando Sumar, y que de hecho era parte de las negociaciones presupuestarias, pero de la que no se espera mucho impacto en el mercado inmobiliario, puesto que de esos permisos se han beneficiado en diez años apenas 14.500 extranjeros muy acaudalados, en su mayoría chinos y rusos.

Y es que este asunto de la vivienda es uno de los que más dividen a las dos almas del Gobierno. Sumar entiende que el PSOE está limitándose a poner en marcha medidas muy sonoras, pero con poco impacto real en los precios, y cree que los socialistas se centran más en el discurso público que en coger el toro por los cuernos y afrontar un problema que cada vez más afecta a muchos de los votantes del bloque progresista. El miércoles, de hecho, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se lo dijo a las claras al presidente Pedro Sánchez: "[Los electores de izquierdas] nos prefieren metiéndole mano al poder de los rentistas y los especuladores que haciendo aspavientos en las sesiones de control de una bancada a otra".

Ciertamente, la vivienda ocupa el quinto puesto en la lista de asuntos que más preocupan "personalmente" a los ciudadanos, según el último sondeo del CIS, y los indicadores apuntan a que tanto la compra como el alquiler no dejan de encarecerse. El diagnóstico del Ministerio de Vivienda es compartido con los empresarios del sector: hay falta de oferta y mucha demanda. En este contexto, el presidente del Gobierno decidió reunirse este jueves con los principales representantes del sector —la última vez fue hace un año— donde se comprometió a reforzar la colaboración público-privada.

Tras el encuentro, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció medidas para agilizar la construcción mediante licencias rápidas y pidió a los pequeños propietarios más viviendas para impulsar el alquiler asequible, comprometiéndose a darles más seguridad jurídica. Ambas iniciativas persiguen el objetivo de ampliar el parque de vivienda asequible, para lo cual su cartera firmó en marzo medio centenar de acuerdos con diez comunidades autónomas y 88 ayuntamientos para construir 3.236 viviendas. Con estas rúbricas, el número total de viviendas de alquiler social y asequible que el Gobierno se ha comprometido a construir con fondos europeos roza las 25.000, por encima de las 20.000 previstas inicialmente.

Estas inversiones pactadas con comunidades y ayuntamientos forman parte de los 9.520 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha desplegado para estimular la construcción y la rehabilitación de vivienda entre administraciones públicas y promotores privados. Además de este reparto de millones, el Ejecutivo ha enviado al Congreso su propuesta para modificar la ley de suelo, con la intención de agilizar los desarrollos urbanísticos y el levantamiento de nuevos edificios residenciales, un cambio normativo al que se oponen desde Sumar, al considerar que limita la capacidad de acción de los ciudadanos y favorece la especulación.

Rodríguez también puso sobre la mesa el jueves una de las cuestiones que el Ejecutivo cree que está afectando gravemente al mercado: la proliferación de pisos turísticos en zonas tensionadas. Pero la realidad se vuelve a imponer, ya que las competencias en esta materia son autonómicas y municipales. Rodríguez asegura que las respetará, pero hace un llamamiento a las autonomías con zonas tensionadas para que pongan coto al asunto, como Madrid, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña. Son comunidades que están presididas en mayor medida por el PP, excepto Cataluña. En este sentido, y pese a exponer que es una de sus prioridades, Vivienda vuelve a tener poco margen de maniobra con la legislación actual para atajar el alquiler turístico.

Lo mismo ocurre con el control del precio del alquiler al que abre la puerta el índice de referencia publicado en febrero por el ministerio. Este indicador, previsto en la ley de vivienda, ofrece un rango de precios que limita los nuevos contratos firmados en lugares declarados como zonas tensionadas —siempre y cuando la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o se alquile por primera vez en cinco años—. No obstante, por el momento son más las comunidades que han dejado claro que no van a aplicar esta herramienta —las presididas por el PP— que las que han empezado a usarla —solo Cataluña—, ya que la declaración de zona tensionada depende de los Gobiernos autonómicos.

Por este motivo, el presidente del Gobierno defendió este sábado desde el País Vasco "una alianza de país" en torno a la vivienda con ayuntamientos, diputaciones forales y los gobiernos vasco y central. En su discurso, Sánchez se refirió a la vivienda como uno de los "principales problemas" que tienen los jóvenes y, sobre todo, las familias jóvenes con hijos a cargo. "A todos ellos, les quiero decir que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda, que vamos a hacer que lo que representa hoy un sueño irrealizable para muchísimos millones de españoles sea una realidad palpable", agregó.

Una diferencia de concepto con Sumar

No obstante, a estas dificultades competenciales se les suma un problema mucho más de fondo que se dejó ver con claridad en la negociación de la ley de vivienda entre el PSOE y Unidas Podemos durante la pasada legislatura. Los socialistas nunca han ocultado que, a su juicio, la vivienda es —al menos en parte— un bien de mercado como cualquier otro y que, como tal, los propietarios deben tener derecho a comprarla, venderla o arrendarla con el único fin de obtener un beneficio. Por el contrario Sumar, como antes Unidas Podemos, considera que las reglas del mercado inmobiliario deberían estar muy restringidas al tratarse de un producto de primerísima necesidad, y que el Estado debería impedir o limitar la especulación.

Esa diferencia fundamental de base es la que explica buena parte de los desencuentros entre ambas formaciones en materia de vivienda, y volvió a quedar clara esta semana. La ministra Rodríguez, en una entrevista en la Cadena SER, se mostró favorable a que "los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible" mediante incentivos del Gobierno, y aseguró que para estas empresas "hay negocio". Como muestra, un botón. Este mismo martes el Gobierno aprobó una línea de avales de 2.000 millones de euros para promotores con la que cubrirá hasta el 50% del importe de las operaciones financiadas con 4.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, lo que, según los cálculos del Ejecutivo, se traducirá en 40.000 nuevas viviendas.

La respuesta de Sumar a las declaraciones de la ministra de Vivienda no se hizo esperar. Apenas unos minutos más tarde, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que "intervenir el mercado de la vivienda es una urgencia social" y que su formación insistirá en ello "hasta que sea un derecho y no un negocio". Desde la formación también critican que sus socios prioricen la compra frente al alquiler con medidas como los avales públicos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo para respaldar hasta el 20% de su primera hipoteca.

También la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien señaló este sábado que "la vivienda es un derecho fundamental y no un negocio de algunos partidos progresistas de nuestro país". A su juicio, "no se pueden dar palos de ciego" con este derecho y criticó que se estén desarrollando "políticas contradictorias".

Estas discrepancias de base se escenificaron hace unas semanas de manera cristalina en el Congreso, aunque sin demasiado eco mediático. Sumar presentó una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda para, entre otros asuntos, instar al Gobierno a "aprobar una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente para frenar la especulación, particularmente en las ciudades más turísticas". Y si no salió adelante fue, fundamentalmente, por la negativa del PSOE a apoyarla.

Esa es una de las propuestas más señeras de las que Sumar lleva unas semanas planteando, "como pasa en Canadá y Ámsterdam", en palabras del diputado de la formación Carlos Martín, uno de sus gurús económicos. Además de acelerar la construcción de vivienda pública, Sumar apuesta por "reservar la compra de viviendas a personas que van a vivir en ellas y no a inversores o especuladores" y restringir las dedicadas "al negocio turístico", para lo cual habría que modificar la normativa.