Los negociadores del Consejo -encabezados por la presidencia española- y los del Parlamento Europeo acordaron esta madrugada una nueva directiva para «empoderar a los consumidores de cara a la transición ecológica», con nuevos añadidos a la lista de prácticas comerciales prohibidas en la UE o medidas más duras contra la obsolescencia temprana.
«No debemos anunciar productos que se estropean demasiado pronto. Además, estamos despejando el caos de las alegaciones medioambientales, que ahora tendrán que justificarse, y se prohibirán las alegaciones basadas en la compensación de emisiones», explicó la negociadora principal del Parlamento Europeo, la socialista croata Biljana Borzan. Se restringirán, por ejemplo, las alegaciones ecológicas basadas en supuestas compensaciones de emisiones de gases contaminantes, como hacen algunas aerolíneas al vender sus billetes de avión, lo cual supondrá que no se podrá «alegar que un producto tiene un impacto medioambiental neutro, menor o mejorado» si se guían por «programas de compensación no verificados».
También quedarán limitadas las comunicaciones comerciales sobre «productos que contengan características que reduzcan su durabilidad» cuando hay información disponible sobre los perjuicios que causa dicha característica, o los reclamos sobre la duración de un producto si no están sostenidas por pruebas. En general, todas las etiquetas ecológicas que no se basen en esquemas de certificación aprobados o establecidos por autoridades públicas quedan prohibidas, así como que los fabricantes presenten las actualizaciones de 'software' como necesarias cuando sólo mejoran la funcionalidad de la aplicación.
«Con el compromiso logrado hoy, las consumidoras y los consumidores dispondrán de la información necesaria para tomar decisiones ecológicas adecuadas y tendrán una mayor protección frente al blanqueo ecológico y social, además de otras prácticas comerciales desleales», recalcó en un comunicado el ministro de Consumo español en funciones, Alberto Garzón.
El comisario europeo de Justicia, por su parte, aplaudió el acuerdo y subrayó que, con la nueva legislación, los consumidores «deben poder encontrar respuestas» a preguntas como si está un producto diseñado para durar, si se puede reparar, si está cubierto por una garantía de mayor durabilidad en caso de rotura y si es exacta y fiable la información sobre la huella de carbono del producto. Una vez finalizados los trámites en Bruselas, los Estados miembros tendrán 24 meses para adaptar su legislación a la directiva, por lo que los consumidores tendrán que ver los cambios en los productos entre finales de 2025 y principios de 2026.
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