El alquiler de pisos a turistas es una práctica completamente ilegal en Eivissa, pero a la vez muy extendida. Pese a los esfuerzos de la administración por combatir esta lacra son muchos los anuncios que se pueden encontrar de alquiler por días a turistas en cualquier plataforma de internet. El último informe de la Asociación de Análisis Turístico de Ibiza y Formentera (ATEIF), una entidad sin ánimo de lucro que recoge y analiza datos turísticos, pone de manifiesto que el 39% de los visitantes elige hoteles de entre tres y cuatro estrellas para hospedarse, mientras que el 8% se decanta por hoteles de cinco estrellas y un 7% se decanta por los hoteles de una o dos estrellas. El dato más impactante, sin embargo, se encuentra en que el 14% de visitantes que recibe la mayor de las Pitiüses están durmiendo en la oferta no reglada, es decir, en pisos que se alquilan en edificios plurifamiliares, lo que representa a unos 3.000 viajeros diarios.
«El alquiler turístico ilegal es el cáncer de Eivissa», explicó Eduardo Manero, presidente de ATEIF en la presentación de este estudio, quien precisó que esta actividad ilegal elimina alquileres anuales del mercado, al tiempo de que conlleva un claro perjuicio para la isla ya que «los recursos y suministros de la isla están pensados para los residentes y para la oferta reglada, todo lo demás rebosa y causa perjuicio en la vida de los que vivimos aquí». El problema es de tal magnitud que ya a principios de este 2023 en la feria turística Fitur patronales como Fomento del Turismo de Ibiza alertaron de que la oferta ilegal superaba con 100.000 plazas en total a la oferta de alojamiento legal. «Hay viviendas clandestinas por todas partes, están dispersas por toda la isla. Es un objetivo político de primer orden paralizar este uso alojativo de las viviendas particulares no reguladas», explicaron entonces desde Fomento del Turismo.
LAS CONSECUENCIAS. Mariano Juan, vicepresidente del Consell d’Eivissa y conseller de Lucha contra el Intrusismo, recuerda que con esta actividad ilegal se genera una economía en negro, que no se declara, además de que afecta a la isla como destino turístico «pues son alojamientos que no pueden cumplir estándares de calidad que el cliente puede pedir en un destino como el nuestro».
A esto se suma la competencia desleal con los empresarios de alojamiento legal y se ha generado un «efecto perverso» pues en la isla hay actualmente 9.000 plazas turísticas legales menos que hace una década. «Hemos decrecido el mercado de establecimientos turísticos legales de forma natural y ordenada. Con estos alojamientos ilegales llega una saturación de la que algunos colectivos quieren culpar a la oferta legal, que es la única que se ha reducido y aumentado en calidad», explica.
LUCHA SIN CUARTEL. El Consell d’Eivissa con Vicent Marí al frente se marcó la legislatura pasada el objetivo de luchar contra el intrusismo, meta que mantiene para los próximos cuatro años. Su apuesta es clara, pues a finales de 2019 crearon la oficina de Lucha contra el Intrusismo, que pasó de cinco inspectores y cuatro instructores a ocho inspectores y cuatro instructores con los esfuerzos puestos en «ampliar el músculo instructor».
Gracias a un protocolo firmado con Airbnb la legislatura pasada, han logrado identificar a decenas de perfiles anónimos que comercializaban pisos de forma ilegal. Ha sido vital la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil para llegar a la verdadera identidad que había oculta tras el anonimato. «Donde antes había anonimato en redes sociales, ahora conseguimos tus datos y sancionarte. Se acabó el anuncio anónimo», precisa Juan, quien deja claro que la impunidad en este sentido se ha acabado. «Antes lo hacían porque sabían que no les iban a detectar», ha explicado, «pero ahora ya tienen claro que tarde o temprano les acabaremos pillando». Con la llegada de Vicent Marí y su equipo la legislatura pasada al Consell d’Eivissa se propuso al Govern que endureciera las sanciones. «Cuando llegamos al Consell, la sanción mínima era de 20.000 a 40.000 euros. Fruto de una propuesta que hicimos al Govern en 2022 se han doblado las sanciones, que ahora tienen un mínimo de 40.000 hasta un máximo de 400.000 euros».
Con este crecimiento en sanciones, la actividad ilegal de alquilar pisos a turistas «ya no es tan atractiva como podía ser antes de esta reforma legal», precisa. Para detectar pisos turísticos, el Consell dispone de un buzón de denuncia anónimo para que los ciudadanos puedan alertar a la administración, además de actuar de oficio en las campañas de inspección que realiza la institución y con la colaboración de los diferentes ayuntamientos para lo cual es «vital» que cuando se detecte algún piso turístico ilegal se documente de manera correcta, identificando al turista y levantando acta pública ya que, de esta manera, el Consell puede tramitar el procedimiento.
EL OBJETIVO. Entre sus metas para esta legislatura, el Consell d’Eivissa seguirá insistiendo al Govern en un cambio normativo que permita la clausura de los pisos que se alquilen a turistas. «Cuando un hotel es ilegal, por mucho que sea morada de la gente, se puede cerrar. Pues con el caso de los pisos turísticos han de poderse clausurar. Y esto es esencial porque corta el flujo de ingresos al infractor mientras se tramita el procedimiento y, segundo, porque si desobedece entra en estafa penal y se juega la cárcel», expresa Juan. También quieren que a nivel europeo haya cambios en la legislación para que las plataformas donde se anuncian «muchos piratas tengan más obligaciones legales de identificar a los perfiles anónimos que hay y de comprobar que estos pisos que se anuncian son legales», concluyen.
